Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
En la reciente ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía, el presidente Iván Duque le hizo un llamado al Congreso para que, en la nueva legislatura a iniciarse este 20 de julio, tramite una ley que castigue los disturbios, el vandalismo y evite los bloqueos. Ya habíamos anotado en una anterior columna sobre la inutilidad de expedir más leyes sobre el particular, ante el arsenal de normas jurídicas con que cuenta el país para hacerles frente. El mismo Presidente al cuestionar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual convalidó los bloqueos viales en las protestas sociales denominándolos “cortes de ruta”, así lo reconoce: «Los bloqueos son un delito. No empecemos a atenuarlos, llamándolos de otro modo. El bloqueo lo que busca es afectar los derechos de los demás y en una democracia nadie necesita afectar los derechos de los otros para defender los propios”. El estallido social que ha sacudido al país desde el 28 de abril, convocado por sindicatos y centrales obreras, ha agravado la delicada situación económica producida por el Covid-19 ocasionando pérdidas adicionales superiores a los 12 billones de pesos en tan solo tres meses, a más del cobro de vidas humanas por la brutal violencia. Fácilmente hemos retrocedido 10 años y según el Departamento Nacional de Estadística, la pobreza aumentó un 6.8% situándose escandalosamente en 42.5%. Pereira ha sido sorprendida por su inusual barbarie, pues no tenemos antecedentes recientes de tan violentos hechos en una ciudad tranquila y calmada, pese a tener una alta población estudiantil, repartida en una amplia oferta académica ofrecida por no menos de siete universidades públicas y privadas. El Viaducto César Gaviria Trujillo, que une la conurbación Pereira-Dosquebradas, entrada única de todo el tránsito vehicular que se desplaza por la Troncal de Occidente, registra el paso diario de 190 mil automotores, siendo por su vulnerabilidad el sitio predilecto de las distintas manifestaciones para causar el monumental trancón que cierra el paso peatonal y vehicular de quienes en doble sentido por allí se desplazan. Incapaces son el Gobernador y los Alcaldes de las dos poblaciones de tomar las medidas necesarias para evitar el colapso de tan imprescindible y congestionada vía. Razones politiqueras se imponen sobre el bienestar general, evitando enfrentar colectivos responsables de su taponamiento, incumpliendo por consiguiente sus obligaciones. En el mismo acto de ascenso de oficiales de la Policía del que hablamos al comienzo, el presidente Duque expuso: “la defensa del orden público es una pirámide institucional que empieza desde lo local hasta el Comandante Supremo que lo es el Presidente”. Dijo, igualmente: “no pueden presentarse actitudes indiferentes de mandatarios locales y regionales frente a disturbios, vandalismo y bloqueo de vías, porque de lo contrario responderán ante la ley”. Y pensar que el Viaducto, no solo es tomado por marchas significativas, sino por desadaptados que, al son de los porros, lo bloquean el día y hora que les provoca sin que estas autoridades hagan algo ante el desconcierto y la perplejidad de los cientos de miles que por allí transitan. Nada raro sería que buscando votos para futuras aspiraciones, les esté sonando el cambio de nombre propuesto en las marchas: “Viaducto Lucas Villa”.
Post Scriptum: Hoy, hace ocho días, fuimos estremecidos con la muerte de Menashe Shamah Sakal, víctima del Covid-19. Paz en su tumba.
Alberto Zuluaga Trujillo. alzutru45@hotmail.com