Afanes revocatorios

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Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO

La revocatoria  de alcaldes y gobernadores es un mecanismo de participación ciudadana consignado en el  artículo 103 de nuestra Constitución, reglamentado por la Ley 134 de 1994 y modificada por la Ley 1757 de 2015, mediante el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato otorgado, no aplicable para otros funcionarios  de elección popular como congresistas, diputados, concejales y presidente de la República. En virtud del voto programático consignado en la Carta Política y reglamentado por las Leyes 131 y 134 de 1994, los habitantes de un municipio o departamento pueden promover la iniciativa de retiro de sus cargos,  cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía o se haya incumplido el programa de gobierno. En atención a lo preceptuado en el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1757 de 2015,  se podrán inscribir siempre que hayan transcurridos doce meses contados desde el momento de la posesión y no falte menos de un año para la finalización del período constitucional. El ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar la inscripción  ante la sede respectiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo cual se requiere el apoyo del 30 por ciento de los votos obtenidos por el mandatario al momento de su elección, firmas que deberán ser verificadas por el organismo en un plazo máximo de 45 días calendarios a partir de la entrega de los formularios con los apoyos recolectados. El umbral requerido en la votación autorizada para la nueva elección debe corresponder a la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen de dicha convocatoria siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40 por ciento de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario, de acuerdo con lo establecido en el literal e del artículo 41 de la Ley 1757 de 2015. Atendiendo a una sentencia de la Corte Constitucional de 2018, después de la inscripción y antes de comenzar la recolección de las firmas, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar una audiencia pública para satisfacer dos derechos: el primero, a la información de los ciudadanos y  el segundo, que el funcionario a removerse tenga la oportunidad de refutar a sus contradictores.  El talón de Aquiles de este mecanismo de participación ciudadana es la ausencia de votantes a la hora de la verdad. Durante la vigencia de la nueva Constitución se han presentado 209 intentos de revocatoria de alcaldes y solo 69 votaciones se han cumplido, de las cuales 65 no han alcanzado el umbral, logrando su cometido tan solo una y gastándose en ellas 1.888 millones de pesos para cumplir con este mandato constitucional. El desbordado incremento del mecanismo de revocatoria que llega a 59 colectivos, inscritos en plena pandemia, ha prendido las alarmas de la Registraduría Nacional que está a la espera de que el Ministerio de Salud dé vía libre a la recolección de las firmas dentro de las limitaciones propias del momento. Para llevarlas a cabo el estimativo presupuestal sobrepasa los doscientos mil millones de pesos, razón para extremar los requisitos de inscripción. No más politiquería. El soportar un mandatario inepto debe ser el precio a pagar por una pésima elección. Este exceso de “democracia” debe ser restringido. El palo no está para cucharas. Alberto Zuluaga Trujillo.                                                                   

alzutru45@hotmail.com                     

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