No importa el nombre, los dos describen exactamente la acción que ejecutaron el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y los concejales de la ciudad, el pasado 4 de noviembre, día festivo, en la noche, impusieron a los pereiranos la concesión de su sistema de alumbrado público en una sesión casi secreta, pues en esa hora y en ese día, no era probable que asistiera público.
La actitud genuflexa de los cabildantes fue, además, irresponsable al otorgar, sin análisis y sin escuchar a la comunidad, una autorización en blanco para que el alcalde comprometa, en una concesión, una suma que podría superar $600.000 millones de pesos en los próximos 20 años, del Impuesto de Alumbrado Público, que pagamos los pereiranos de todos los estratos socio -económicos.
Sin molestase en examinar, siquiera someramente, las otras siete fórmulas para la prestación del servicio, contenidas en el estudio de Gestión Energética S.A., de este año 2024, por el que el Municipio pagó una gruesa suma de dinero y que contiene sendas matrices DOFA sobre cada una de ellas. Opciones que, desde la Corporación VIGÍA Cívica, relacionamos a cada uno de los concejales en cartas que enviamos a sus correos electrónicos el pasado 28 de octubre, advirtiéndoles de la existencia de las matrices DOFA, que el gobierno de la ciudad les había ocultado.
Pero aparte de lo anterior encontramos que Acuerdo del Concejo Municipal, tiene una notable falla en su motivación, puesto que nada en su texto, ni en la exposición de motivos, soporta la necesidad o el beneficio para la ciudad, de la concesión que autoriza.
Desde hace 8 años y frente a los dos alcaldes anteriores, desde la Corporación VIGÍA Cívica nos hemos opuesto a que la ciudad involucre un actor privado en la prestación del servicio de Alumbrado Público, pues con las tecnologías actuales su operación, además de ser más simple y económica, tiene unos subproductos útiles para las aplicaciones de “Ciudad Inteligente”, que pueden ser una fuente de ingresos o tener varios usos adicionales para el Municipio que no se deberían entregar o compartir con terceros.
Lo que ocurrirá en el futuro con el alumbrado público de Pereira lo podemos anticipar sin presumir de videntes: El gobierno municipal abrirá una licitación que se tramitará exactamente como lo prescribe la ley 80, de manera que podrá presumir de su legalidad, pero atraídos por la suma gigantesca que arrojará el recaudo del impuesto de Alumbrado Público en Pereira durante los próximos 20 años, llegará el mismo grupo de proponentes que, con distintos nombres comerciales y en muchos casos con los mismos socios, escondidos detrás de diferentes empresas S.A.S., se vienen apropiando de los sistemas de Alumbrado público de la ciudades intermedias y pequeñas a lo largo y ancho de Colombia. Esto porque ninguna de las ciudades grandes, excepción hecha de Barranquilla, han involucrado los innecesarios inversionistas privados en el manejo de sus servicios de Alumbrado público.
Luego, tarde o temprano, vendrán las dificultades con el concesionario, que se deben dar a partir de las expectativas que genera la operación privada frente a la pública, pues, mientras esta tiene el propósito principal de satisfacer una necesidad de la comunidad, la privada, lo mismo que en cualquier concesión de una actividad pública, buscará la mayor utilidad económica con la menor inversión posible, lo que resulta poco compatible con la mejor calidad del servicio.
Entonces, como viene ocurriendo en todas las ciudades que han involucrado a privados en la prestación del servicio de alumbrado público, será necesario tratar de romper los acuerdos, de revertir contratos o recurrir a acciones disciplinarias o judiciales para hacerlos cumplir. Los ejemplos de lo que le podría ocurrir a la Ciudad los tenemos en el vecindario:
Ahora mismo, en Armenia, ampliaron la concesión 10 años más, el Concejo Municipal estudia el aumento de las tarifas del Impuesto y, de contera, dice la prensa de esa ciudad, el Municipio se hará cargo de financiar parte de la obligación del concesionario; en La Virginia el municipio, frente al incumplimiento, está tratando de revertir el contrato de operación que suscribió con una empresa de economía mixta de Florencia, Caquetá, cuya socia privada es una empresa de software de Manizales; en Belén de Umbría el gobierno municipal lucha por romper la alianza público-privada que por 20 años tiene el manejo del alumbrado público, pues integrantes de la socia privada fueron detenidos por probables vínculos con operaciones de lavado de activos en favor del Clan del Golfo y, según el alcalde actual, los aumentos desmedidos del impuesto tienen ahogados a los vecinos del municipio.
Esto es lo que nos espera.