Algo está mal

POR: JUAN CARLOS PARRA SANABRIA

Somos ciudadanos del futuro anclados en el presente, pero con sueños de construir una ciudad amable para todos los seres vivos, vamos desafiando la inteligencia, pero este sueño colectivo no puede avanzar por la inequidad y la falta de justicia social que sufren nuestros pueblos.

En cada ciudad se aplican las normas de diferente forma, los procedimientos tienen variaciones en todas o en algunas de sus etapas, en municipios que están a unos cuantos minutos de distancia, eso es un rostro indescifrable de la justicia para el colombiano común y corriente.

Si observamos a las instituciones de la administración pública, en el interior de cada una de ellas, hay un divorcio profundo en sus dependencias, son esfuerzos perdidos, porque cada una navega con rumbos diferentes y la gente queda estupefacta mirando desde lejos el paquidérmico avance de lo público en Colombia.

Uno de esos agujeros negros por donde se pierde la eficacia de la administración pública, lo pudimos apreciar en medio del paro nacional 2021, mientras se desarrollaba una manifestación en la ciudad de Medellín, un hombre quien conducía un vehículo se sintió presionado por los manifestantes y se le ocurrió la brillante idea de disparar un arma que, según la declaración del infractor, no era de fuego sino traumática o de fogueo.

En el aire, queda la sensación de que algunos ciudadanos que no apoyan el paro y los bloqueos de algunas vías, han resuelto disparar contra las multitudes, una conducta que es motivada por la pírrica suma pecuniaria que se impone como multa en este tipo de casos, veamos:

El comparendo de policía que le impusieron al conductor es por violar el artículo 27 numeral 7 del Código de Policía, es la conducta de “portar armas de aire, de fogueo y de letalidad reducida» en “lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones”, la multa tiene un valor de 240 mil pesos, es impresionante y raya en el ridículo, pensar que alguien dispare en una manifestación publica donde hay muchas personas de diversos sectores sociales y que puede lesionar o causar la muerte a uno de sus participantes y este acto irresponsable sea sancionado por una cifra “casi simbólica”, pero un ciudadano que olvide encender las luces de su motocicleta a plena luz del día, recibirá una multa de quinientos mil pesos, conforme a la Ley 1239 de 2008. En el mismo escenario, si el conductor o cualquiera de sus ocupantes no usa el cinturón, será sancionado con una multa de 500 mil pesos, conforme al artículo 131 de la ley 769 de 2002 y el manual de infracciones expedido por el ministerio de transporte con la resolución 3027 de 2010.

Aquí debemos resaltar que las dos conductas se realizan en ambientes diferentes, una se desarrolla en un estado de alteración del orden publico y se amenaza la integridad de los marchantes o los que están ejerciendo su derecho a la protesta y en el otro, los usuarios de un vehículo sin amenazar a nadie, son sancionados por no usar un elemento de protección personal, como lo es el cinturón de seguridad, es algo completamente incoherente, no tienen ninguna relación si analizamos  la gravedad de los hechos y  las consecuencias, pero todos los organismos cumplen a pie juntillas el ordenamiento jurídico que en muchas ocasiones no obedece a la realidad de un país, es decir, que esas normas y sus multas  costosas, que obligan a un agente o policía de tránsito a elaborar una orden de comparendo a un conductor que no enciende la luz direccional si va a cambiar de carril o a realizar un giro,  esa sanción es exageradamente desproporcional a la que se cobra por  atentar contra la integridad de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, esto nos obliga a concluir que dentro de la agenda pública, se debe incluir la revisión del código de tránsito y toda la estructura responsable de la seguridad vial en Colombia, con el fin de redireccionar todos los esfuerzos a prevenir los siniestros viales y sus consecuencias y no ser un ente recaudador de dinero, reconocido así por décadas, mientras la cultura vial de los colombianos sigue en cero y con más de ochocientos municipios sin organismos de tránsito. Por eso y todos los motivos es necesario convocar un dialogo nacional.