Jaimes Fonseca Morales, VIGIA CÍVICA
El aplauso al alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, fue casi unánime cuando anunció el “Plan para salvar la vida de las empresas y el bolsillo de las familias”. No era para menos, en Colombia, ningún otro mandatario territorial se ha ocupado del salvamento del aparato productivo de su jurisdicción.
No obstante, en la Corporación VIGÍA CÍVICA aplazamos nuestro aplauso hasta que tengamos claridad sobre algunos de sus ofrecimientos, pues necesitan explicaciones.
Sobre el acceso a recursos económicos para empresas con más de 50 empleados, para las que el alcalde notificó créditos por $20.000 millones y para la compra de cartera por $4.000 millones y el “capital de trabajo por $5.000 millones para micro pymes, comerciantes y trabajadores independientes, con menos de 50 empleados”; la comunidad debe saber cómo se hará y con qué fondos.
Por mandato legal, durante la emergencia, el uso extraordinario de fondos públicos municipales estará encaminado a conjurar las dificultades de la salud y a socorrer a los afectados y a la población vulnerable y no podrían usarse para otorgar créditos a particulares, por indispensable que sea salvar los puestos de trabajo que ellos generan.
La incertidumbre nos permite pensar que tal vez, el alcalde tenga la intención crear un nuevo Instituto de Fomento Municipal, que sí podría canalizar los recursos, lo que no sería mala idea, erradicando la causa del irresponsable manejo del anterior, donde el gerente tenía el poder absoluto para malgastar sus fondos.
O, que el alcalde se haya referido a fondos provenientes de bancos comerciales, lo que a esta altura de los acontecimientos parece una ilusión vana, dada la negativa sistemática de esos bancos a otorgar créditos a quienes los necesitan, aun cuando el gobierno está garantizando el 90% de su monto.
Con relación a pretensión de comprar la cartera, además del origen de los fondos, cabe preguntar: ¿El municipio pretende comprar la que le deben a nuestros pequeños empresarios? Lo que no sería mucha ayuda, si tenemos en cuenta que hoy las compras a crédito se hacen con tarjetas o aseguradas por compañías especializadas en el aval y la financiación de transacciones comerciales.
Ahora, si se tratara de comprar la cartera que ellos deben a sus proveedores, tendría poco sentido usar el dinero de la ciudad para pagar a empresas de otras regiones, que es a las que deben muchos de nuestros comerciantes.
También queremos advertir al gobierno de la ciudad sobre las reducciones de impuestos a la construcción, al sector turístico y en intereses de mora por obligaciones a favor del municipio, puesto que otorgarlas es atribución exclusiva del Concejo Municipal.
Sería preocupante que, sin tramitar el Acuerdo, ya se esté dando por aprobado.