Esta semana la Comisión Primera del Senado de la República aprobó el articulado del proyecto de ley estatutaria de educación a través de la cual se pretende avanzar en el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental.
La versión inicial del proyecto de ley motivó una serie de pronunciamientos de las universidades en defensa de la autonomía universitaria, entre ellos, del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre y de ASCUN.
La Constitución Nacional establece la posibilidad de garantizar el derecho a la educación a través de instituciones de educación de carácter privado, es decir, para la prestación del servicio público educativo pueden concurrir instituciones tanto públicas como privadas.
Lo anterior implica que existe el derecho de los particulares a crear instituciones educativas y también el derecho de las personas a acceder a la educación, dentro de un sistema mixto de educación superior, que debe garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo.
Tanto las instituciones públicas como las privadas se rigen por el principio de la autonomía, que implica la posibilidad de establecer su propio reglamento y dentro del mismo la forma de organización de su gobierno institucional, en otras palabras, según lo ha reconocido la Corte Constitucional, la potestad de autodirigirse y autoregularse.
El miércoles en el Senado se presentó un articulado alternativo construido con el gobierno, los ponentes y los sectores de la oposición de los partidos Cambio Radical y del Centro Democrático que culminó en la aprobación de los 44 artículos de la reforma.
El nuevo proyecto de ley corrige los límites a la autonomía universitaria relacionados con la obligación a establecer la democracia directa (artículos 5 y 12) y se estable que cada institución de educación superior determinará de manera autónoma en sus estatutos la forma en que serán aplicados sus principios de organización. En varios enunciados se incluye a la universidad privada, no solo a la pública.
Buen avance de la ministra de educación frente al proyecto de ley estatutaria, buen mensaje del gobierno y de la oposición al lograr unificar las dos ponencias radicadas y escuchar a las universidades. Aunque persisten preocupaciones sobre algunos artículos del proyecto, el nuevo texto consensuado en la Comisión Primera del Senado de la República es mejor y más conveniente para el sistema de educación superior del país.