La organización Transparencia por Colombia presentó esta semana un análisis sobre la acción pública anticorrupción del Gobierno Nacional durante sus dos primeros años de administración. La promesa anticorrupción de campaña del presidente Gustavo Petro, hasta el momento está defraudada, según los hallazgos del informe.
El análisis se realizó en medio de una coyuntura marcada por el escándalo de Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y por las dudas latentes sobre la financiación de la campaña presidencial. Según la última medición de Invamer Poll, se ha aumentado en 12 puntos el pesimismo sobre la situación de corrupción en Colombia en los dos años de gobierno del presidente.
Transparencia por Colombia analizó 57 acciones anticorrupción, las cuales se clasificaron en cuatro ámbitos: anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medio ambiente. Cada uno de ellos fue valorado según el grado de pertinencia actual, su eficacia para lograr avances concretos y su sostenibilidad, es decir, la capacidad de cada una de las acciones para trascender en el tiempo.
Sólo 16 (28%) de las 57 acciones anticorrupción han sido ejecutadas. La mayoría (33) acciones se encuentran en progreso y 8 acciones apenas están en etapa de formulación. Para estar culminando el segundo año de gobierno, se debería tener un avance del 50%, por lo tanto, es muy bajo el cumplimiento frente a lo planeado.
La eficacia de las acciones anticorrupción solo llega al 1,28 sobre 2, es decir son insuficientes para reducir los riesgos de corrupción y además no son sostenibles, en esta variable el gobierno solo obtuvo del 1,16 sobre 2. No obstante, las acciones evaluadas para valorar la pertinencia logran un buen puntaje 1,57, es decir, que existe coherencia entre las acciones y la situación del contexto.
Como lo reconoció la Corporación Vigía Cívico, aliada de Transparencia por Colombia en el departamento, una de las acciones culminadas es la radicación del proyecto de Ley 291 de protección a los denunciantes. También se valora el avance del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para garantizar una mejor infraestructura de datos públicos en el país.
Por último, el gobierno debe cumplir con la formulación e implementación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción que incluyó en el plan de desarrollo, mejorar la comunicación con la ciudadanía y respetar las voces críticas.