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Actualidad“Ciudadanía Activa”, tercer informe.

“Ciudadanía Activa”, tercer informe.

Por VigíaCIVICA (James Fonseca Morales)

Somos ya nueve organizaciones de la sociedad civil, que hacemos parte de la alianza “Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19” y hemos presentado a la nación el tercero de nuestros informes sobre la contratación pública, generada para la atención de la pandemia. Informes que nos proponemos entregar hasta el fin de la emergencia.

Ahora cubrimos los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y también el Distrito de Bogotá; donde se ha concentrado el 70% de la contratación de Colombia con ese propósito, con un valor conjunto de $2,4 billones. Cifra menor que las reportados por el Ministerio de Hacienda para la atención de la pandemia, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Este nuevo informe se refiere a los 19.882 contratos celebrados en Colombia, entre el 16 de marzo y el 17 de julio pasados. De ellos debemos destacar que el 13% se ha hecho por contratación directa propia de los regímenes especiales que cobijan a algunas entidades, como es el caso de hospitales; pero otro 72%, lo fue por contratación directa, derivada de la urgencia manifiesta.

Al respecto, Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia señala que “a casi cinco meses de decretada la emergencia, es necesario mejorar la planeación de los procesos contractuales y usar modalidades diferentes a la contratación directa, que permitan mayor pluralidad de oferentes y calidad en los bienes y servicios”.

Ejemplo de lo anterior, encontramos en Risaralda que la E.S.E. Salud Pereira adjudicó directamente, al señor Juan Carlos Salazar, como persona natural, un contrato por $71 millones, para la compra de equipos médicos. Este contratista también aparece en el registro mercantil como propietario de la firma ELECTRONITECH, a la que, según el estudio de mercado, la E.S.E. Salud Pereira solicitó cotización de los equipos. Pero ni esa empresa, ni tampoco el contratista, tienen entre sus actividades económicas la venta de equipos médicos. 

En otro caso, la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, celebró un contrato de Gerencia de Proyecto, con “Empresa de Salud Laboral S.A.S.  «Biem””, cuyo certificado de la Cámara de Comercio consigna 41 acciones, muy diversas, como objeto social del contratista, que incluyen, entre otras: “6. planificación, coordinación, ejecución y comercialización de eventos de desarrollo empresarial (…)”, “26. Realizar la gestión y ejecución de la cobranza de (…) las carteras administradas, ante la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.” Y “41. programas de asesoría, consultoría, auditoria de gestión e impacto ambiental.”

En estos dos casos, tomados como ejemplo, es evidente la falta de idoneidad de los contratistas, lo que debería ser un llamado de atención para que en la contratación, aun en la de emergencia, se busque la pluralidad de oferentes, idóneos.

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