Para que la saeta dé en el blanco, es necesario buen arco, buena flecha, distancia y un buen arquero.
No se discute que el foco de las políticas del gobierno, para el caso al que nos referiremos de la vivienda, es el de disminuir sistémicamente los determinantes de la contribución a la pobreza, como una de las cinco dimensiones más complejas por el arraigo cultural, en el impacto de las múltiples adversidades sociales.
Entendida la sustentabilidad social, es necesario abordar la sostenibilidad económica para definir el cómo estructurar un modelo concurrente con el sector privado, en el que los trabajadores formales, las empresas donde laboran, el sector financiero y las compañías constructoras, sigan siendo generadoras de recursos de liquidez, empleo contracíclico y estabilidad económica y social.
Hoy 4.3 millones de familias colombianas están en déficit cualitativo de vivienda, esto es, que carecen de las mínimas condiciones de estabilidad, salubridad, seguridad y dignidad. El mayor porcentaje de estos hogares vive en grandes conglomerados de invasión, en las laderas y áreas suburbanas, principalmente en las 15 ciudades más pobladas del país.
Según el censo poblacional del año 2018, el 14.4% de la población está en condiciones de pobreza, siendo Antioquia, con más de 1.300.000 habitantes, la más afectada; sin embargo en términos porcentuales por territorio, el Chocó tiene una incidencia del 66.8 %, la Guajira el 49.6 %, el Cauca el 49.3 % y Bogotá, con menos del 8%, es la de menor impacto, debido a la diferencia de ingresos laborales por familia, con una mayor concentración en la media de la curva productiva del país y con una mayor oportunidad en la intervención del estado.
Con relación a Pereira, estos indicadores son menores al 6.4%, según datos del año 2014, señalando que en la actualidad, 4.242 viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo, y de acuerdo con el proyecto del POT, la secretaría de planeación calculó en 1.329 las viviendas de invasión.
Con referencia a otros indicadores, el 28.24%, viven en tugurios sin agua tratada, sin servicios de eliminación de excretas, con pisos en paredes inadecuadas y hacinamiento crítico.
Según el viceministro de vivienda, Víctor Saavedra, de los 13.209.721 pobres del país, el 25% viven en zonas ilegales, en Bogotá el 21%, en Barranquilla el 30% y en Cartagena el 69%.
Una primera conclusión en términos de la política de vivienda, es la de priorizar la sustentabilidad, enfocada en esta población vulnerable. La ministra de vivienda ciudad y territorio, Catalina Velasco, anunció recientemente que a partir del mes de julio se dará inicio al nuevo programa CAMBIA MI CASA, con el que se propone mejorar las condiciones de vivienda de 400.000 hogares, 85.000 de los cuales están localizados en zonas rurales.
Para desarrollar el programa, los gobernantes de los entes territoriales en las categorías municipales 4,5 y 6, serán los encargados de activar las propuestas a través de las organizaciones sociales OPV, las Juntas de Acción comunal, las cooperativas, las asociaciones de obreros, las Cajas de Compensación Familiar y otras organizaciones populares que puedan participar en la ejecución de los programas, fortaleciendo la economía popular, como la de los pequeños constructores. Los subsidios serán de hasta 22 SMMLV, dependiendo del tipo de intervención.
La segunda conclusión, es la de la sostenibilidad económica de todo el sector, que en su conjunto viene resistiendo desde hace un año, el freno a programas como el de MI CASA YA que a través de los subsidios concurrentes, 30 SMMLV, aportados por las Cajas de Compensación Familiar y 23 SMMLV, provenientes de recursos del estado, generaban un tractor dinamizador a lo largo de la cadena de la construcción de vivienda de interés prioritario y de interés social, desde 135 SMMLV hasta 150 SMMLV, según el municipio.
Los últimos indicadores presentados por el DANE, dan cuenta de que al primer trimestre del año 2023, el sector de la construcción tuvo un decrecimiento del 3.2%, afectando notablemente a uno de los pilares de la economía, generando desempleo contracíclico y comprometiendo la estabilidad financiera de los proyectos que venían en proceso de operación, desde el año 2022, resentidos además, por los incrementos incontrolables de los costos de todos los insumos.
En otras palabras, la sustentabilidad social es posible, si se une con la sostenibilidad económica, a través de un propósito común, que procure sistémicamente la búsqueda del objetivo social que requieren las familias más pobres del país.
