El quinto plazo final está cumplido y la obra inconclusa. Cada una de las cinco fechas convenidas para la entrega final de la obra: diciembre de 2022, mayo de 2023, julio de 2023, noviembre de 2023 y marzo de 2024; ha sido una burla a la comunidad, porque las partes contratantes: el Municipio y el Consorcio Contratista, tenían que tener claro que en ninguna de ellas la obra estaría terminada, puesto que con sólo seguir el trazado era evidente, como lo es hoy, que el fin estaba lejos.
Además, toda la ejecución del proyecto fue el summum de la desidia de la administración municipal anterior. Las sucesivas promesas de entregar el primer kilómetro el 30 de agosto del 2022, luego el 30 de agosto del 2023 y la más reciente, al finalizar 2023; nunca se cumplieron, ante la total pasividad del Municipio contratante, cuyos representantes, en este caso, fueron inferiores a su compromiso de defender los intereses de los pereiranos.
Lo que viene para la obra no luce fácil para la ciudad, por cuanto sus representantes han sido inferiores en defensa de sus intereses.
La semana anterior, al recorrer el trazado, en el que están invertidos más de $52.000 millones de nuestro impuestos, encontramos situaciones que mantienen en la incertidumbre el tiempo y el costo necesarios para concluir la primera etapa.
La torre de telefonía celular, que ya es el ícono de los obstáculos de la obra, sigue en medio de lo que debería ser una calzada. Por ser parte de una red de un servicio público fundamental, que no puede ser interrumpida, para retirarla será necesario que primero se construya una similar en otro lugar, se dote de los equipos necesarios, se calibren y se pongan en funcionamiento; un proceso engorroso, prolongado y costoso para superar un obstáculo producto de una decisión absurda, por la que alguien debería responder, puesto que en el diseño original de la Avenida esa torre estaba por fuera del trazado.
Después de la torre encontramos un grupo de obreros construyendo, apresuradamente, un muro para sostener un talud que amenaza con derrumbarse, entre las dos calzadas que corren a distintos niveles.
Mas allá una glorieta, ya conformada, que conecta con la antigua vía del IDEMA y con el acceso al Liceo Inglés. La parte norte de ella quedó a una altura considerable sobre el suelo adyacente y carece de las contenciones de seguridad necesarias para que los usuarios de la vía no corran el riesgo de caer. Advertimos a las autoridades municipales que colocarlas es hoy la mayor urgencia de la obra.
El lado sur de la glorieta está a un nivel inferior que el de los predios vecinos que, como consecuencia del desnivel, perdieron sus vías de acceso, por lo que sus propietarios amenazan con demandar al Municipio. Esta glorieta también fue desplazada del punto originalmente diseñado.
Aunque hay asfalto en buena parte del trazado, no sabemos si en todos los tramos tiene los 11 cm de espesor de los que habla el informe 25 de la Interventoría. En las últimas cuadras del trazado los trabajos aún no han comenzado.
Todavía están pendientes las reubicaciones o reconstrucciones de las redes eléctricas y de acueducto y alcantarillado, en la zona adyacente al proyecto de Avenida y las repetidas interrupciones de sus servicios, durante los trabajos, demuestran que para orientarlos no se elaboró, previamente, una mapa de redes.
Además de lo anterior nos preocupa que el Municipio haya dejado agotar el último plazo pactado sin requerir al contratista por lo que se puede haber perdido la oportunidad de declarar la caducidad del contrato, acción viable cuando la conducta del contratista hace temer que no lo cumplirá, pero, tal vez, inaplicable ahora porque ya el contrato finalizó.
Frente a este panorama, brevemente descrito, son preguntas obligadas: ¿Qué sigue? ¿Qué hará ahora el Municipio?
Demandar por el incumplimiento del contrato y llamar a las aseguradoras que respaldaron al contratista, parece el camino evidente, pero para hacerlo es necesario tener la certeza de que el Municipio cumplió las obligaciones que le imponía el contrato porque, si no lo hizo, la acción judicial podría devolverse. Frente a esta posibilidad es un indicio preocupante que con el último plazo agotado aun haya predios pendientes de negociar, lo que nos hace preguntar: ¿El municipio proveyó el dinero para negociarlos?, si así fue, ¿Dónde está ese dinero?
Desde la Corporación VIGÍA Cívica, desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, se ha venido denunciando, con pruebas, la marcha irregular en la ejecución del contrato de construcción de la Avenida de Los Colibríes, lo que debió ser suficiente para que las entidades de control, de oficio, iniciaran las acciones legales pertinentes.
Ahora esperamos que, frente al caso, tanto la Personería Municipal de Pereira como las Procuradurías Administrativas, instauren acciones en defensa de la moralidad pública y el patrimonio estatal y que la Procuraduría Regional, por lo menos, abra una indagación preliminar para identificar a los funcionarios responsables de este evidente descalabro contractual.
A la Contraloría Municipal de Pereira, a la que dirigimos nuestra primera queja sobre las anormalidades en ejecución del contrato de construcción, le pedimos ahora investigar un posible detrimento patrimonial en su desarrollo.
Al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, le recomendamos no dejar paralizadas las obras por mucho tiempo, Ingenieros expertos advierten que existirían riesgos de deterioro en zonas donde los trabajos están a medio hacer.