En el pasado marzo, antes de que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, hiciera varios anuncios sobre sus intenciones frente a la inconclusa construcción de la Avenida de Los Colibríes, públicamente preguntamos: “¿Qué sigue?, ¿Qué hará ahora el Municipio?”. Comenzando junio, aun no hay respuestas concretas y los pereiranos seguimos en un limbo frente a una obra pública en la que se han gastado 52.161 millones de pesos de nuestros impuestos, razón suficiente para que el gobierno municipal, por lo menos, informara a la ciudadanía el avance de sus gestiones frente al complejo asunto.
En la Corporación VIGÍA Cívica mantenemos nuestra atención sobre el caso y cumplimos con el deber de poner en conocimiento de la comunidad el resultado de nuestros exámenes a varios aspectos de lo ocurrido en desarrollo del contrato de construcción de la obra.
Comenzamos explicando que de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo único del Art. 40 la Ley 80 de 1993, los contratos de las entidades que se rijan por esa Ley no pueden adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. Como el contrato No. 4812 de 202, para la construcción de la primera fase de la Avenida de los Colibríes, fue firmado en 2021, por un valor de 31.862 millones de pesos, su adición No.1, de 2022, por 16.000 millones de pesos, estuvo dentro de ese margen, pero la adición No.2, de octubre de 2023, por 4.300 millones, lo desbordó.
En consecuencia, esta adición, que es una modificación del contrato y hace parte de él, puede tener un objeto ilícito, lo que, en nuestra opinión, pondría a los sus firmantes en la órbita del Art.410 del Código Penal Colombiano, “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
Sin embargo, reconocemos que en la doctrina jurídica nacional hay voces que admiten adiciones superiores al 50% por la necesidad de agregar obras nuevas o cantidades de obra y en este caso se argumentó que el prolongado periodo de lluvias impidió avanzar con los trabajos, lo que no cabe como justificación para sobrepasar el 50% en el valor de las adiciones y además, que era indispensable agregar carriles de aceleración y desaceleración en los ingresos de varios predios y reconstruir cerramientos derribados para los trabajos, lo que revela una inexcusable falta de planeación del constructor que entre la firma del contrato y el comienzo de los trabajos, tuvo siete meses para reconocer el trazado de la Avenida. Ni carriles ni cerramientos se construyeron, a pesar de ser la justificación de esa adición No.2. Por lo anterior invitamos a la Fiscalía General de la Nación a examinar este punto.
Aunque el Estudio Previo, publicado dentro de la Licitación que dio origen al contrato, señala que el ancho de la Avenida sería de 32,5 m y de ellos 10,5 metros contendrían los andenes, las ciclovías y zonas verdes, en lo construido, hasta el 15 de marzo, esas dimensiones solo aparecen los primeros 600 m, el resto del trazado solo tiene los 22 m de las dos calzadas y el separador; aún inconclusos en varios aspectos, excluyendo los últimos 500 m, donde todavía no se han hecho trabajos. Esto nos da, en cifras gruesas, que sólo se ha intervenido el 63% del área contratada y aunque las tareas en las calzadas y en las zonas paralelas no son comparables, nos dan una idea de la magnitud de los trabajos que faltan.
La retribución por la construcción del 100% de las obras estaba incluida en el precio inicial del contrato, ajustado con la adición No.1, que sumó 47.862 millones de pesos. El Contratista ha presentado cuentas de cobró por 46.620 millones cuando falta casi el 37% del área por construir, como las cifras no encajan, urgimos al gobierno de la ciudad para que pida cuentas tanto al Contratista como al Interventor del contrato de construcción.
Según los informes de ese interventor son 73 los predios afectados con la obra, pero sólo dos están realmente adquiridos por el Municipio y ocho más en proceso de escrituración, lo que significa que la mayor parte de lo construido, hasta el 15 de marzo, lo está en predios que siguen siendo de propiedad privada y, seguramente, su precio es ahora muy superior al del año en el que se contrató la construcción, pues ya no son predios rurales, sino, ubicados sobre la Avenida de los Colibríes, así esté inconclusa. Un sobrecosto que también debería ser investigado. Este punto genera unas preguntas: ¿cuál fue la suma presupuestada para comprar los predios?, ¿dónde está? y ¿por qué, en dos años, no se adquirieron?
Reiteramos ahora nuestras peticiones a las entidades de control que públicamente hicimos en marzo, frente a la situación de la Avenida: “esperamos que las Procuradurías Administrativas, instauren acciones en defensa de la moralidad pública y el patrimonio estatal y que la Procuraduría Regional, por lo menos, abra una indagación preliminar para identificar a los funcionarios responsables de este evidente descalabro contractual.”
Una vergüenza lo que ha sucedido con esta obra.