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ActualidadColombia atraviesa una grave crisis social, institucional y de valores

Colombia atraviesa una grave crisis social, institucional y de valores

Por: ALBERTO VILLEGAS AGUDELO.

No importa si se es negro, blanco, indio o mestizo, católico o musulmán, pobre o rico, lo realmente prevalente como miembro de una sociedad es que el estamento reconozca por igual los derechos de cada cual y cada ciudadano asuma con total responsabilidad las obligaciones y deberes establecidos en las normas que los rigen.

Profundizar más en el tema significa poner de manifiesto lo que viene ocurriendo en muchos lugares del país, en dónde comunidades completas, azuzadas por bandas delincuenciales no respetan el cumplimiento de las leyes, turbas de desadaptados atacan a la policía y la policía no puede responder con la contundencia que les otorga la ley; el ejército nacional ejecuta un acción de  erradicación de cultivos ilícitos y estos son secuestrados, desarmados y mancillados en su honor  por las comunidades de la zona, lo que viene causando en su interior no solo un profundo temor en su accionar sino una grave desmotivación para ejercer su responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, honra  y bienes de todos los colombianos.

No es sino mirar como  las etnias indígenas, que con el discurso “torombolo” de ser los únicos dueños de la «pacha mama» y amparados en una legislación distinta a la del resto de colombianos, que raya con la propia Constitución Política  y el derecho del resto de los colombianos por la propiedad privada, vienen generando a lo largo del territorio nacional graves problemas de seguridad y convivencia ciudadana. La avidez con la que reclaman infraestructuras y territorios completos, no tiene límites y lo más delicado es que luego de obtenerlas las convierten en baldíos improductivos o  terminan en manos de testaferros dedicados a la siembra de cultivos ilícitos, y para completar existen serías evidencias de que, desde las altas esferas del gobierno nacional y de avivados congresistas, en la búsqueda de la cantera de votos que asegure su permanencia en el congreso, acolitan  la voracidad de las comunidades indígenas en esta materia.

Que se les entregué tierra, claro que si, no solo a ellos sino a muchísimos colombianos que las necesitan, pero bajo el compromiso de no convertirlas en baldíos improductivos o en la siembra de cultivos ilícitos, polvorín mortal, que solo  ha dejado una estela de muertes y un mar de descomposición social en las zonas de Colombia más afectadas por este endémico mal, en donde nuestros jóvenes prefieren antes que optar por su preparación académica, emprender la búsqueda de dinero fácil en la siembra de marihuana, coca y amapola, en la producción o distribución de alcaloides, en el cuidado y protección de los laboratorios, en la conformación de anillos de seguridad de los más encumbrados jefes de esta temible actividad delincuencial, que a diario deja miles de muertos, madres sin hijos, esposas sin marido y hasta una cantidad de mujeres convertidas en esclavas sexuales, esto como una clara muestra de lo que está sucediendo  y que desde las altas esferas gubernamentales, nadie dice nada, se hace muy poco y con mucha timidez, entre otra cosas,  porque su accionar debe estar acordé a las exigencias de organismos internacionales como la Human Rights Watch, en cabeza de un tal Vivanco, defensor de oficio de la guerrilla y la izquierda en todas sus manifestaciones,  que co-administra las decisiones de seguridad del Estado, bajo la amenaza e intromisión constante y descarada de llevar a Colombia ante los tribunales internacionales, al igual que la OEA, la ONU, algunas exageradas organizaciones ecologistas y de derechos humanos, la guerrilla, hoy apoltronada en el Congreso, en cabeza de despiadados asesinos, fungiendo de acriollados defensores de los derecho humanos y poniéndole un palo en la rueda a todas las acciones  que el gobierno emprenda en contra de sus socios naturales, que siguen con el negocio de la droga, el secuestro, el asesinato y la extorsión, y que decir, de los reconocidos mermelados y sesgados medios de comunicación y periodistas que cada que se ejerce una acción en procura de salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía en general, aparecen como defensores a ultranza, no para hacer un análisis serio y objetivo de los hechos, sino para buscar como defienden y victimizan  al delincuente, rayando sin vergüenza alguna todos los principios de la  de ética periodística, como una perversa manera  atacar las acciones de un gobierno o unas instituciones que no son de su agrado, situaciones todas, que agravan mucho más el sombrío panorama  nacional.

Pero si por el lado de las regiones llueve por las ciudades capitales no escampa. Los innumerables delitos que a diario se cometen en contra de una acorralada y atemorizada ciudadanía, secuestrada en sus propios hogares y negocios, por toda una turba delincuencial que poco le importa el método que tenga que realizar con tal de lograr sus propósitos, así sea arrebatándole la vida a un desprevenido ciudadano por robarle un celular o quitarle una bicicleta son parte del paisaje diario de las grandes ciudades y con propensión al aumento; propiciado hoy en día, no solo por las peligrosas bandas criollas, sino que ya se cuenta con el refuerzo adicional y aún más temible de las bandas delincuenciales conformadas por venezolanos, que a diario llegan desplazados de su país y que amparados en su indocumentación e ilegalidad actúan a sus anchas y al precio que sea.

Y, es aquí, en donde uno se pregunta, que hacen  280 entre senadores y congresistas (número exagerado para Colombia)», un gobierno nacional, lleno de agencias  colaterales miles de asesores, tres súper cortes, la fiscalía, la procuraduría, la Contraloría defensorías, …-no cabe una «IA» más-…! y un país tomado por la delincuencia. La policía captura al delincuente con el arma en la mano y juez lo suelta por falta de pruebas o lo envía para la casa, con el mínimo condiciones de seguridad, desde donde sigue delinquiendo. Un delincuente asesina a un inerme ciudadano, lo capturan doce horas después y el juez determina casa por cárcel por qué no fue sorprendido en flagrancia, un ciudadano mata a un delincuente en defensa de su propia vida y el juez lo envía a prisión, porque este representa un peligro para la sociedad. Así no podemos, mejor dicho «estamos cagaos y con el agua lejos».

Colombia entera está frente a unos temas tan delicados en materia de estabilidad institucional en todos los órdenes que es necesario  ponerle el freno de mano y revisar que es lo más conveniente para todos los colombianos, sino seguiremos nadando en el tormentoso mar del  atraso y la desesperanza.

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