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LUIS FERNANDO CARDONA
Director Fundador

ActualidadCon la plata guardada

Con la plata guardada

Las expectativas generadas por la manera participativa cómo se formuló el Plan Nacional de Desarrollo y la distribución sectorial de los $1.154 billones en los que se calculó su costo, son altísimas. Sin embargo, estas han empezado a ceder dado el bajo nivel de ejecución presupuestal por parte del gobierno central.

El primer campanazo de alerta se dio a comienzos de 2023, cuando se supo que 12,5 billones de pesos habían dejado de ejecutarse en el presupuesto de 2022. La situación se justificó porque se estaba en el proceso de construcción del plan de desarrollo y porque el gobierno apenas acababa de posesionarse.

El segundo campanazo ocurrió en el mes de mayo de 2023, cuando diferentes analistas le advirtieron al gobierno nacional que era necesario agilizar el gasto público, debido a los retrasos evidentes en la ejecución de los recursos en casi todos los ministerios. El tercer y definitivo campanazo se produjo cuando el Ministerio de Hacienda confirmó lo que todos sospechaban.

La baja ejecución presupuestal puede explicarse por la falta de proyectos que interpreten el sentido del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual compromete seriamente a los equipos técnicos de los ministerios y a Planeación Nacional. También se debe a la inexperiencia de los nuevos funcionarios en el sector público. A ello se agrega la desconfianza mutua entre el gobierno central, los gobiernos territoriales y el sector privado.

Los funcionarios del alto gobierno deben entender que la inversión pública es un motor para la marcha de la economía y cuando ella se ralentiza o se frena, los efectos son bastante negativos en la cadena productiva y en la generación de empleo. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha amarrado los recursos del programa «Mi casa ya», lo que ha representado un duro golpe para cerca de treinta sectores económicos relacionados con la construcción.

El mismo problema de ejecución presupuestal ocurre con el Ministerio del Transporte, generando incertidumbre en el sector de la infraestructura y comprometiendo el desarrollo y la competitividad de las regiones; con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de hacer realidad la idea del presidente Petro de reindustrializar el país; y con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde con excepción de la compra de tierras, el resto de iniciativas han quedado en el papel.

El gobierno nacional, al igual que el sector privado, mostró su preocupación por el bajo nivel de crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año, que llegó a 0,3%. La reacción obvia a esa preocupación gubernamental es agilizar la inversión y los instrumentos para ello ya están probados: desembolsar los dineros para los subsidios de vivienda; abrir las licitaciones de las vías públicas que se necesitan; poner en marcha la compra de alimentos directamente a los campesinos y mejorar la infraestructura de las vías terciarias; y darle curso a los proyectos que están haciendo trámite en los ministerios y que han sido presentados por los gobiernos departamentales y municipales.

Romper con la desconfianza, los inútiles enfrentamientos y las mutuas acusaciones, es urgente para lograr avanzar en un diálogo propositivo alrededor de los temas más importantes del país y alcanzar una concertación que desate esos nudos gordianos que se han ido elaborando entre las partes.

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