Con plata del pueblo, publicidad para ellos

Por FERLEY HENAO OSPINA

El sector privado usa la publicidad para vender algo, el sector público la utiliza para comprar a alguien.

Los fondos públicos que se emplean bajo la figura de “publicidad” que no se destinan precisamente a divulgar la gestión del organismo sino a promover la figura de la persona que lo dirige, son una de las formas de uso indebido de los recursos públicos, que debería ser objeto de investigación seria, detallada y profunda.

Parece una forma inocua de comunicar los avances de gestión, pero generalmente se desvía de la publicidad y se presenta como noticia, estrangulando la información para que solo se diga lo que favorezca al que autoriza el cheque, que no es precisamente el dueño de la plata.

Peor aún, ese dinero sirve también para impedir que se diga lo que sí debería decirse, violando la libertad de prensa y de opinión. En marzo, con la cuarentena se decretó la emergencia y se procedió a la compra de “mercados humanitarios”. Muchas, muchísimas alcaldías están siendo investigadas por sobrecostos y en algunos de esos municipios la prensa no dijo ni pío.

El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de todo funcionario público para ejercer su labor con transparencia, sin embargo esos mismos gobernantes en sus discursos de celebración del Día del Periodista (de dientes para afuera) los alientan a «criticar lo malo», porque «nosotros no nos las sabemos todas» y «el papel de la prensa es el de vigilantes del erario». Palabras vacías cuando se trata de elaborar el Plan de Medios.

Adriana Blanco de la FLIP, en su “Panorama y análisis de la regulación de la publicidad oficial en Colombia” expone que “La censura indirecta comprende todas las acciones sutiles que atentan contra la libertad de expresión: abuso  de  fondos  públicos  y monopolios que  varía  desde  la  asignación  abusiva  de  publicidad gubernamental o subsidios y hasta pagos directos a  periodistas en  concepto  de  servicios  dudosos  o  no  declarados.  Estos son doblemente perniciosos, ya que se hace uso y abuso del dinero de los contribuyentes y  de los fondos públicos para promover intereses partidarios o personales”… “Estas  prácticas  en  muchos  casos  se  prestan  para  que  el  Gobierno  condicione  los  contenidos  periodísticos”.

La actividad legítima del Estado de utilizar a los medios para difundir información se puede convertir en un mecanismo de censura cuando las  administraciones lo usan como un sistema de premio o castigo hacia los periodistas.

Hace falta, entonces regulación de la pauta publicitaria, ya que por carecer de lineamientos concretos, claros y precisos, la actual normativa da pie a que se atente  contra  la  transparencia.  La Constitución política de Colombia, en su Artículo 75, establece que: “Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley”.

El presupuesto público suele utilizarse para estrangular voces discordantes con las sinfonías de corrupción, tal como lo hiciera en su momento el Grupo Grancolombiano de Jaime Michelsen contra El Espectador. Hoy, alcaldes, gobernadores, mandatarios en general, disponen de esa gran torta, en un país empobrecido, para enriquecer áulicos y eliminar críticos. 

El modo como las entidades públicas distribuyen la pauta publicitaria entre los medios y  los  periodistas  se  ha  utilizado  como  instrumento  para  presionar  la  publicación  de  información  favorable a la gestión oficial. Esta práctica consiste en asignar o  retirar la publicidad oficial  para  beneficiar  a  los  afines  o  castigar  a  los  críticos  condicionando,  de  este  modo,  contenidos y cubrimiento.

Con libertad de expresión conculcada y amenazada y con prensa comprada y también amenazada ¿De qué democracia estamos hablando?

Este tema es un punto central en la nueva generación de instrumentos de lucha contra la corrupción.