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PolíticaContención de la crisis

Contención de la crisis

Por JORGE H. BOTERO

La confrontación en torno a Empresas Públicas de Medellín es grave. Son indispensables un amplio diálogo, político y social, y medidas urgentes para superar antagonismos.

Los debates de la semana pasada en torno a EPM, se han centrado en las calificaciones académicas y las trayectorias de los cuatro gerentes que ha designado el alcalde de Medellín; un número excesivo para tan corto tiempo desde su posesión. En términos generales, no parecen personas carentes de idoneidad o experiencia; sus perfiles son semejantes a los de otras personas que, en pasados gobiernos municipales, han desempeñado el cargo.  Se dirá, entonces, que la personalidad de Quintero, y un proyecto político que plantea cambios radicales para la ciudad, son la causa de la inestabilidad rampante en la gerencia.  Esto es verdad en alguna medida, pero el problema es de índole estructural: la absoluta carencia de reglas de gobierno corporativo, cuya existencia depende de que los órganos de dirección y administración sean elegidos bajo procedimientos preestablecidos y de que los así designados gocen de estabilidad en el ejercicio de sus cargos.

Nada de esto sucede en EPM. El alcalde goza del poder de nombrar y remover, con discrecionalidad casi absoluta a la junta directiva, y plena al gerente. Ha sido así desde hace muchos años; exactamente desde cuando se dispuso que fuera una empresa industrial y comercial del Estado del ámbito municipal. Es equivocado creer, por lo tanto, que antes de que Quintero viniese a perturbar una situación supuestamente idílica se tuviesen unas reglas de juego adecuadas. Justamente a sabiendas de que no es así, durante la administración Fajardo se celebró un pacto de caballeros para intentar deslindar competencias entre la Empresa y su único propietario, el municipio de Medellín. Fue un ejercicio interesante que funcionó bien durante algún tiempo. Sin embargo, como no fue convertido en un acuerdo del concejo municipal (y no podía serlo por violar la ley), nunca tuvo alcance normativo. Además, en la práctica ese precario acuerdo se fue degradando; por ejemplo, imponiéndole a la institución la obligación de asumir directamente inversiones que corresponden al municipio; lo correcto es que éste las financie con las utilidades que periódicamente reciba.  

No cabe reproche legal al mandatario actual por los nombramientos que ha realizado. El problema no son las personas sino su carencia de autonomía para desempeñar sus funciones. Por fortuna, existe una solución que ha sido adoptada, con éxito, en otras partes.Consiste en transformar entidades estatales en empresas de servicios públicos mixtas:  una modalidad de ente público en la que, sin embargo, y en una proporción minoritaria (que incluso puede ser mínima) participan accionistas privados. Si el concejo municipal ordenara esta transformación, la asamblea de accionistas pasaría a designar la junta directiva, y ésta, a su vez, nombraría o removería al gerente con fundamento en los criterios que ella misma establezca. Este fue el camino adoptado por la Nación en los casos de Ecopetrol e Interconexión Eléctrica, ISA, y por Bogotá con relación a su empresa de energía.

Así los precedentes mencionados sean adecuados, por la virtuosa confluencia de capitales estatales y privados en la satisfacción directa de necesidades colectivas, y en la generación de utilidades para financiar programas sociales, es evidente que el consenso predominante en Medellín consiste en que es herético vincular accionistas privados en EPM. Sin embargo, la conversión de la empresa en una sociedad por acciones puede hacerse mediante la emisión de acciones no negociables, cuyo valor sería insignificante, las cuales serían suscritas por entidades cívicas, académicas, profesionales, empresariales, sindicales y de usuarios, que serían definidas en el acuerdo que ordene la transformación jurídica de la entidad.

Bajo este esquema, la casi totalidad del patrimonio societario sería propiedad del municipio de Medellin. Esas pocas acciones suscritas por entidades comunitarias predefinidas (podrían ser entre cinco y siete) servirían para permitirles participar en condiciones especiales en la asamblea general en lo que refiere a la designación de la junta directiva y el auditor; y, como miembros de ella, en el gobierno de las entidad. Mediante un acuerdo de accionistas, el municipio se comprometería a votar por los candidatos que ellas postulen para integrar ese cuerpo, en el cual, por supuesto, el municipio tendría la mayoría de los escaños.  

Esta ingeniería jurídica tiene un doble propósito: darle a EPM unas estructuras de gobierno corporativo mejores que las muy precarias que hoy tiene, sin que hacerlo signifique compartir, salvo en el margen, el capital de la empresa con inversionistas privados. Ella seguiría siendo estatal, solo que en su gobierno interno participarían los representantes de estamentos cívicos de una ciudad por cierto caracterizada por tenerlos sólidos y en abundancia.

Contar con una fórmula para solucionar la compleja situación actual es el primer paso. El segundo, lograr un pacto político que sería imposible sin el beneplácito del alcalde. Es aquí donde el papel del gobierno nacional, como catalizador de ese consenso, resulta fundamental. Está obligado a actuar con celeridad teniendo en cuenta la importancia de EPM en la provisión de servicios públicos, en su calidad de tomador de cuantiosos créditos con la banca local e internacional y de emisor de valores en el mercado público. Cruzarse de brazos no es una opción válida. Una eventual pérdida del grado de inversión de EPM sería una catástrofe para el país. Y para Quintero.

Por razones de transparencia señalo que he participado en los directorios de empresas de generación de energía que compiten con EPM y que en la actualidad lo hago en una de ellas; años atrás tuve el honor de hacerlo en nuestra emblemática empresa regional. Escribo esta columna, pues, con algún conocimiento de causa, y movido por mi preocupación como ciudadano y antioqueño.

Briznas poeticas.  Sobre la tragedia de gobernar, Sófocles en Edipo Rey: “¡Oh riqueza y poderío y profesión regia que superas a toda profesión! A causa de la vida que concedes tan atractiva para muchos, cuánta envidia se oculta en vosotros por esta jefatura que la ciudad puso en mis manos…”.

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