En su primer día de labores en el Departamento de la Prosperidad Social DPS, su nuevo director, el exsenador Gustavo Bolívar en un mensaje en X expresó: “Los corruptos de este país pueden haber estudiado mucho, los felicito, pero no nos meten los dedos a la boca. Todas las obras suspendidas hoy en el DPS fueron contratadas en los gobiernos anteriores al de Petro”. Estas afirmaciones son consecuencia de la situación en que se encuentra esta entidad, responsable de la generación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental, y secuela de la corrupción durante el gobierno de Iván Duque y los anteriores. El presupuesto de su actual vigencia es de 10.7 billones.
Según los informes publicados del estado de los proyectos de inversión en diferentes departamentos (plazas de mercado, vías urbanas y rurales, centros de salud, escenarios deportivos y otros), contratados en el anterior gobierno, y que venían siendo auditados por las administraciones de Cielo Rusinque y Laura Sarabia, dio como resultado recursos fenecidos por $61.200 millones, y el 85% de los proyectos suspendidos. En Risaralda hay varios proyectos, la mayoría suspendidos, contratados por los conocidos contrataderos, a dedo, sin concurso alguno, rastros del “cartel de las marionetas” del condenado y fallecido senador Mario Castaño, y de nuestros ya curtidos carteles de la contratación.
La corrupción en Colombia se inicia en los altos poderes de la capital, transita a lo largo y ancho del país, a través de departamentos y municipios. Los proyectos ejecutados y financiados con recursos nacionales y locales, tienen un denominador común, ausencia de estudios serios de factibilidad e ingeniería, procesos contractuales amañados, o sea con burro amarrado, y altas comisiones pagadas a los políticos que gestionan los recursos. Hoy tenemos gran cantidad de obras inconclusas y abandonadas, grandes sobreprecios, plazos de ejecución de dos o más veces los inicialmente convenidos, e incuantificables daños a la comunidad por la no culminación de los proyectos indispensables para mejorar la calidad de vida de centenares de miles de colombianos pobres. Son tantos los proyectos fracasados que se inventaron la Ley de obras inconclusas, para ocultar los resultados de la corrupción imperante.
A lo anterior hay que agregarle la ausencia de organismos de control que vigilen la eficiente y oportuna ejecución de los proyectos. Comentario aparte merecen los proyectos fallidos locales, necesarios para el bienestar y progreso de la comunidad, que al no ser contratados y ejecutados en los plazos acordados ocasionan graves daños al patrimonio público, por los cuantiosos sobrecostos que se ocasionan. Para la muestra el Hospital de 4º. Nivel de Cerritos, que no obstante contar con los $600.000 millones para financiar su ejecución, se tuvieron que reintegrar estos recursos al gobierno nacional, pues no se pudieron tener los estudios en el plazo establecido y el avance en la ejecución de la única obra contratada fue demasiado pobre. Otro proyecto es la famosa PTAR Pereira- Dosquebradas para descontaminar las cloacas en que se convirtieron nuestros ríos y quebradas. No fue posible obtener proponente en la licitación convocada y hoy es incierta su nueva contratación. Y ni hablemos del fracaso de las obras de la vía los Colibríes, eso merece un libro aparte. Estos procesos y otros que no se conocen son el resultado de gobiernos dedicados a saquear nuestros impuestos.
En comentario a un reciente escrito que publiqué sobre este mismo tema, un importante arquitecto de la ciudad expresa: “Esta información es escalofriante. Si no atacamos de frente la corrupción, no tendremos país. De hecho, es «Vox populi» que los corruptos son los dueños de Colombia. ¿Qué hacer? Congresistas y contratistas son casi inexpugnables. Funcionarios de toda laya se venden sin sonrojarse”. Conclusión: Estamos llenos de corruptos estudiados y bien recomendados.
Excelente análisis, ingeniero. A propósito del famoso «hospital de 4° nivel», a la gente le vendieron la idea de que con tan faraónica construcción se mejorará la salud de los los risaraldenses y buena parte de la población de esta zona del país. Falso de toda falsedad, pues la gravedad del estado de la salud es consecuencia del robo continuado desde que se creó la ley 100, en el cual han participado políticos y comerciantes que hoy se encargan de aceitar la maquinaria corrupta para hundir la, miserables. La corrupción es sin lugar a dudas el peor mal que tiene Colombia después del olvido.