La salud de los colombianos ha sido un tema de preocupación constante, especialmente en un contexto donde los intereses comerciales y políticos parecen prevalecer sobre el bienestar de la población.
La fallida reforma propuesta por el gobierno no hace sino resaltar una realidad que muchos preferirían ignorar: mientras la salud sea vista como un negocio lucrativo en lugar de un servicio esencial, cualquier intento de reforma estará condenado al fracaso en el Congreso.
La situación es compleja y, lamentablemente, revela una profunda intersección entre los intereses empresariales y políticos en las entidades encargadas de administrar la salud.
Bajo este panorama, es comprensible la resistencia a cualquier cambio que amenace los intereses arraigados en el sistema actual.
Como se dice popularmente, «todo ladrón hace respetar su territorio», y en este caso, los intereses particulares parecen primar sobre el bienestar general.
Es fundamental reconocer que, aunque el gobierno actual ha expresado la voluntad de implementar reformas para combatir la corrupción y mejorar el acceso a la salud, enfrenta limitaciones inherentes a la distribución de poder en el país.
Tener el gobierno no es tener el poder real, y esta disparidad se hace evidente cuando se trata de enfrentar intereses consolidados en el sistema de salud.
Ante esta situación, surge la intervención como una medida necesaria para fiscalizar, controlar y organizar un sistema que parece haberse desviado de su propósito original.
Es como poner a un gerente al mando de una empresa en crisis financiera para asegurar que las operaciones se lleven a cabo de manera eficiente y transparente.
Este no es un proceso exento de desafíos y críticas, especialmente considerando los precedentes de intervenciones anteriores que resultaron en la liquidación de entidades y la pérdida de recursos sin un claro beneficio para la población.
Una de las consecuencias más alarmantes de esta crisis es el impacto directo en la salud y la vida de los colombianos.
La dependencia de medicamentos y la falta de acceso a ellos por desabastecimiento, están dejando a la población vulnerable y, en muchos casos, con consecuencias fatales.
Es una situación que va más allá de la política y los intereses económicos, es una cuestión humanitaria urgente que demanda atención inmediata.
Como sociedad, estamos frente al desafío de educar y concientizar a la población sobre la realidad que enfrentamos en el sistema de salud.
Como se menciona en el libro sagrado (Oseas 4:6), «mi pueblo perece por falta de conocimiento…», es necesario que la ciudadanía esté informada y empoderada para exigir cambios significativos que garanticen el derecho fundamental a una atención médica digna y accesible para todos los colombianos.
La crisis en la administración de la salud en Colombia no puede ser ignorada ni subestimada.
Requiere un compromiso colectivo para abordar las causas profundas de la corrupción y los intereses mezquinos que obstaculizan cualquier intento de reforma.
Solo mediante la acción conjunta y la voluntad política real podremos avanzar hacia un sistema de salud que realmente sirva a las necesidades de la población.