Desde hace varios meses el gobierno nacional viene ambientando una nueva reforma tributaria, sin embargo, solo hasta esta semana se conocen sus pretensiones. Las fuentes de nuevos ingresos producto de la segunda reforma tributaria fueron incluidos en el proyecto de ley de financiamiento del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
Las nuevas cargas impositivas incluyen, entre otros, cobros a las plataformas digitales de juegos de suerte y azar, impuesto al carbono, nuevos aumentos al impuesto al patrimonio y más incrementos al impuesto de renta para las personas naturales de mayores ingresos. Estos nuevos gravámenes se estima que pueden generar un recaudo aproximado de cinco billones de pesos.
Con estos nuevos impuestos no se cubre el déficit del presupuesto para el año entrante. Por esta razón, el gobierno nacional para cerrar la brecha de financiamiento pretende adelantar la regla fiscal, es decir, anticipar el periodo de transición definido. Con esta medida busca recaudar 5,3 billones de pesos.
La proyección de nuevos ingresos contempla también el recaudo de 1,6 billones de pesos que el gobierno espera ejecutar producto de las mejoras en la operatividad tributaria.
Con los anteriores supuestos no será fácil el trámite del proyecto de ley de financiamiento del Presupuesto General de la Nación que asciende a los 523 billones de pesos por varias razones: no es conveniente para ningún país estar realizando frecuentemente reformas tributarias y no hay confianza en el actual gobierno para orientar el gasto público y ejecutarlo eficientemente.
A lo anterior se suma la necesidad de mantener la regla fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y conservar las buenas prácticas que ha tenido el país en el uso de los recursos públicos. Las finanzas públicas deben ajustarse a la realidad económica del país y al entorno internacional y no solo a las necesidades del gasto.
Por último, se espera un juicioso estudio por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República y de todos los parlamentarios para no aumentar más la carga impositiva de los hogares y de las empresas y para contribuir a orientar el país en la senda de la reactivación económica.