En el comentario anterior describimos lo que encontramos en el proceso contractual para construir el “sistema de tratamiento de lodos de las plantas de tratamiento de agua potable” de Aguas y Aguas, del que dijimos que estipulaba unos tiempos tan escasos que, por lo menos, debieron restringir la participación de proponentes pues, para un contrato de $15.405 millones, señalaba 10 días hábiles entre la convocatoria del proceso y apertura de las propuestas, elaboradas a partir de un “Documento Técnico de Información General”, de 1.096 páginas. Y agregamos que difícilmente lo podía analizar un oferente desprevenido, en tan poco tiempo.
Nos ocuparemos hoy de uno de los aspectos que denuncia la carta de renuncia de dos miembros principales de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas y Aguas, en relación con lo ocurrido en una Junta Extraordinaria que se realizó mediante mensajes de WhatsApp, cuya convocatoria calificaron de “atropellada”.
Para entrar en el contexto, comencemos por señalar que esa junta ocurrió el pasado 28 de junio, 17 horas antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales para las elecciones territoriales del 29 de octubre, que impone, entre otras restricciones, celebrar convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos.
Y fue ese, precisamente, el propósito de la precipitada reunión virtual: autorizar la celebración de dos convenios interadministrativos con el Municipio de Pereira, por un valor conjunto de $5.000 millones y adicionar el presupuesto de la Empresa en $5.000 millones, que aportaría el Municipio.
Como quiera que Aguas y Aguas es una Empresa de Servicios Públicos, E.S.P., facultada por la Ley para contratar bajo un régimen especial, diferente al que rige para las entidades del Estado, encontramos que, mediante los convenios administrativos referidos en esa carta de renuncia, la ejecución de las obras que requiere el municipio puede ser subcontratada por esa empresa con un tercero, sin la cortapisa de las licitaciones públicas. Una figura similar a la usada por Las Marionetas del exsenador Mario Castaño para subcontratar, a través de Telecafé y a dedo, servicios para el Ministerio del Interior. Lo que, aunque legal, no deja de estar reñido con la Ética Pública.
La justificación para celebrar los dos convenios interadministrativos aludidos es la construcción de redes de alcantarillado en los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas, para cumplir lo ordenado en dos sentencias de acciones populares, radicadas desde 2010 y desde 2016 y para ejecutar Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, cuyas resoluciones definitivas aún no se han emitido, pues están en un proceso de ajuste.
Como es evidente que ni las sentencias antiguas, ni los PSMV futuros, son causas eficientes del afán presente, que se adivina en la convocatoria a la reunión por WhatsApp de la Junta Directiva, no cabe duda de que la precipitada reunión, celebrada horas antes de la vigencia de la Ley de Garantías, no tenía un fin distinto que evadir los efectos de esa norma.
Por ello reclamamos una explicación desde Aguas y Aguas, pues en medio de la actual campaña política, en la que se elegirá el próximo alcalde de la ciudad, la expectativa de unas obras largamente esperadas puede tener efectos electorales desequilibrantes, que es lo que quiere evitar la Ley de Garantías.
