El país no está concentrado en el estudio y discusión del nuevo plan desarrollo. La avalancha de reformas presentadas por el nuevo gobierno nacional ha puesto en un segundo plano el debate sobre las estrategias y los planes para lograr cumplir las promesas del programa de gobierno del presidente Petro y para atender los principales retos y necesidades en materia del desarrollo del país.
Han cautivado la atención de los grupos políticos, los gremios y de los medios de comunicación reformas como la tributaria, la laboral, la pensional y la controvertida y cuestionada reforma al sistema de salud colombiano.
Tantas reformas también han acrecentado la incertidumbre en el futuro económico, se ha frenado la inversión y las proyecciones de crecimiento para este año no son buenas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Producto Interno Bruto de Colombia (PIB) solo crecería este año un 1,2%. El país estaría en el grupo de los países de menor crecimiento económico de la región.
A los gobiernos les recomiendan presentar el mayor número de reformas los primeros años para aprovechar el nivel de favorabilidad y la gobernabilidad con la que normalmente cuentan los gobernantes los primeros meses después de ser elegidos. Esta estrategia, sin embargo, tiene sus riesgos y sus costos.
Si las reformas se analizan todas en el marco de un plan de desarrollo es posible no solo comprender a que estrategia del plan corresponde, sino también revisar sus costos y fuentes de financiación. No es posible tener una mirada integral y entender los efectos en el marco fiscal de mediano y largo plazo analizando en forma fragmentada las reformas.
A lo anterior se suma la menor atención que empiezan a tener los congresistas en la agenda legislativa por las elecciones regionales el próximo mes de octubre, en las cuales, tanto los representantes a la cámara como los senadores, se juegan el futuro de sus movimientos políticos.
Ojalá recobrara importancia el debate sobre el plan nacional de desarrollo y el gobierno nacional reconozca la importancia de construir sobre lo construido en todos los sectores y de aceptar que la Constitución de 1991 permite que la provisión de varios bienes y servicios públicos puede ser realizada también por el sector privado y no sólo por el sector público.