ActualidadDos temas de fin de año.

Dos temas de fin de año.

Gracias a los esfuerzos de varios factores que obraron en dirección a objetivos comunes salidos de las emergencias económica, social y la violencia vandálica de hechos  acentuados con mayor vehemencia el año pasado y causados por la pandemia, se pudieron enfrentar por la conjunción de los gobiernos central y territoriales, los componentes de salubridad, empresarios y sus gremios; la fuerza pública, la ciudadanía en general que con dotes de resiliencia, todos esos elementos hicieron frente, en buena dimensión, a estragos que golpearon la sensibilidad de la nación. En gruesas líneas, todo el positivismo de superación alentó un resurgimiento tenaz que reactivó señalados procesos, no obstante el dolor sentido por los fallecimientos inculcados por el virus y los depredadores.

Todavía queda mucho por hacer, especialmente en el empuje de empleo digno, lucha contra la inflación y continuación del plan de vacunación. Termina, pues, un año con una fuerte demostración de entereza que sirve, pese a las incertidumbres de distinto tipo, incluyendo la electoral, a propender por un horizonte de especial ventura. De esta conclusión es pertinente resaltar, como lo han reconocido los medios de comunicación, “la responsabilidad social de los empresarios… [que] mostraron una impresionante capacidad de adaptación, supervivencia, de flexibilidad…” que de manera indudable y patriótica coadyuvaron para el fortalecimiento de la prosperidad incluyente.

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¿MÁS BUROCRACIA?

El gobierno debe ser coherente con sus afirmaciones y promesas. Recientemente comienza la vigencia de la Reforma  Tributaria que nace de un parto difícil en el cual se cifra como uno de sus remedios por parte de su progenitor, evitar la ampliación de la empleomanía política para poder garantizar fuentes económicas y por ende la de los contribuyentes, cuando el 24 de diciembre firmaba el decreto 1851 para cumplir, según sus afirmaciones, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la demanda de Gustavo Petro, en el  que indica que a los empleados de elección popular los debe juzgar la Jurisdicción propia, dando ello lugar a la separación de las etapas de instrucción (PGN) y la de juzgamiento, lo que hace “necesario crear, fusionar cargos, así como la reasignación o cambio de estructura de funcionamiento… del procedimiento disciplinario”,  con un parágrafo de advertencia: las provisiones de los puestos que se adicionan se realizan de acuerdo con la disponibilidad presupuestal certificada,  sin exceder el monto de las apropiaciones venideras (las que, desde luego, siempre existirán).

A junio del año pasado la nómina de la PGN era de 4.137 servidores a la que se agrega, por decisión del mencionado decreto, 20 asesores, un director, 10 procuradores delegados, 3 procuradores delegados de período, 32 procuradores regionales, un procurador distrital, 60 procuradores provinciales, 491 asesores, 516 profesionales universitarios, 10 técnicos investigadores, 5 coordinadores administrativos, 269 profesionales y 59 auxiliares administrativos, para un total de 1.208 aspirantes a magnificas remuneraciones. Antes había provocado estupor lo mismo que malestar el incremento en la planta de la  PGN en su reestructuración, igual a lo sucedido en la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, esperándose los resultados respectivos que valoren sus existencias y situaciones determinativas y medibles (como el tema de responsabilidad fiscal en Hidroituango).

Algunas voces en el país se han levantado a favor de suprimir la PGN y atribuir funciones de Ministerio Público a otros entes estatales. Sin embargo la señora Procuradora ha dicho, en justificación, que la norma se expide en cumplimiento de la ley 2094-21 por la cual se reforma el Código General Disciplinario, lo que significa, de inmediato, evitar la prescripción de 12.000 expedientes de 75.000 activos acumulados.

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