La ley 2035 de 2023 dispone la realización del Censo Económico Nacional que busca establecer con estándares altos de calidad y las buenas prácticas internacionales del DANE, para obtener información estadística de las variables económicas de las principales unidades de sectores de condición urbana como manufactureras, servicios de apoyo a la agricultura y la minería, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; captación, distribución de agua, evacuación y tratamiento de residuales; reciclajes, reparación de automotores, hotelería y gastronomía, comunicaciones, inmobiliarias, profesionales, administración pública y planes de seguridad social; educación, atención a la salud, actividades artísticas y recreativas, industria, comercio, servicios, construcción, transporte y almacenamiento, seguros y financieros, servicios públicos, todo de acuerdo con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. Asimismo, se direcciona este proceso a salvaguardar “la integridad de las personas, la transparencia, la rendición de cuentas y el control social a la generación de estadística de la denominada “economía popular”, la que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) indica que el mencionado Censo será el canal o insumo principal para la medición de ella. Aunque no es muy claro su conceptualización, se ha dicho que “atender a este sector, en el cual se encuentra 70 por ciento de los ocupados del país, es una de las grandes metas del Gobierno. Expertos piden demarcar bien los beneficiarios para que las políticas funcionen”. De allí nacen los Centros de Reindustrialización ZASCA, que se planea construir en todo el país. El ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el nicho donde se atenderá esta área referida a producción y comercialización, verificadas por entes domésticos o comunitarios de baja escala en las que intervienen acciones personales, familiares, micronegocios o MiPymes, y el abordaje a vendedores de calle. Además de lo dicho, afirma la normatividad la independencia técnica y operativa del DANE, lo que es muy bueno porque garantiza confiabilidad en su funcionamiento y fortalece el llamado Plan Estadístico Nacional (PEN) como fundamental instrumento de definición en esta materia. Lo mismo el enfoque que da a la certificación de la calidad de la data con “reglas y parámetros para la realización de los Censos, que garanticen los recursos presupuestales para su ejecución periódica”. Se dijo que el Censo Económico es urbano y su punto de acción se prevé para el 2027. El Censo Agropecuario se seguirá ejecutando cada diez años como el económico, a partir del 2024; el Censo Nacional de Población y Vivienda está previsto para el 2030 y realizable decenalmente en lo sucesivo.
El trabajo de campo, se recalca, busca recolectar información actualizada sobre el número, concatenación espacial y características de los sectores ubicados en las cabeceras municipales y centros poblados (1102 municipios, más San Andrés, y dieciocho áreas no municipalizadas) con el objetivo de lograr insumos para complementar y presentar el cálculo de las variables macroeconómicas de las encuestas nacionales y regionales. De igual manera, medirá la rama económica propiamente dicha, ventas e ingresos; cantidades y perfiles de los empleados, costos, gastos y activos; formalidad e informalidad empresarial y la ya dicha economía popular.
Este Censo que viene preparándose desde varios años atrás, empieza su período de recolección de datos a partir de abril 2024.
