El día que mandaron a callar a todos en la EPS

Por LUIS FERNANDO CARDONA G.

“Sucedió al interior de la sala de juntas de una EPS. 

El presidente de la compañía citó con carácter urgente a su anillo más cercano:  vicepresidentes, directores de área, asesores de presidencia, jefes de división y regionales.  Todos, menos el comunicador social, a quien se le instó a permanecer fuera, mientras avanzaban las deliberaciones.  Después de un breve saludo de cortesía, preguntó:

“Señoras y señores:  quisiera saber quién fue el de la idea de venderle la cartera a un operador externo? 

-Yo, se apresuró a responder el vicepresidente jurídico.   La sola operación nos permitirá recuperar por lo menos el 25% de la cartera morosa, y los egresos de nuestra parte son mínimos por ese mismo concepto.   ¡Serán decenas de miles de millones de pesos con los cuales no contábamos ¡

-¿Y a nadie se le ocurrió advertirlo de los riesgos?, preguntó algo airado el presidente.

-¿Cuáles, señor presidente?, inquirió nuevamente el directivo.

-Los legales, los sociales, los comerciales y hasta los jurídicos, no solo para la empresa sino para nosotros mismos como directivos.

-No le entiendo muy bien.  Como yo lo veo, el riesgo es solo para los afiliados que no pagan, y ahora cuando se las tendrán que ver con la firma de cobranzas deberán pagar o atenerse a las consecuencias.

-No, señor.  Esos “chepitos” están disparando con escopeta.  Le cobran a todo el mundo haya o no pagado sus aportes.  Diariamente despachan correos, sin piedad, con avisos de cobro prejurídico y amenazan a nuestros afiliados con retirarles el servicio si antes no cancelan lo cobrado.   Conozco de afiliados que están al día y les cobran, inclusive de pensionados a los que les reclaman el pago del servicio cuando esta es responsabilidad de Colpensiones…

-Pero, señor, las quejas que usted señala son casos aislados.  Es gente que se beneficia del sistema y se niega a pagar; nuestra obligación es recuperar esa cartera, y dada su complejidad no existe otra forma que, contratando un operador, una empresa con la experiencia y músculo jurídico y financiero para hacerlo de manera exitosa.

– ¡Pues no, señor!, dijo el presidente palmoteando sobre la mesa de juntas.  Con este procedimiento estamos poniendo en juego nuestra credibilidad, nos estamos jugando el Good will y el know how y de paso le damos motivos a la Superintendencia de Salud para que abra procesos administrativos en nuestra contra y nos impongan una multa o, lo que es peor, nos investiguen penalmente.  A partir de hoy no se hará un solo cobro sin plena evidencia de que el afiliado nos debe.  Porque somos nosotros, no agentes externos, quienes mejor conocemos nuestra realidad.  Nosotros, los que les hacemos la trazabilidad, los que llevamos contabilidad.  Los que sabemos cuánto deben y cuándo pagan”. 

Lamento informarles a nuestros lectores que la anterior historia es ficticia.  Que nunca fuimos testigos de una reunión en a la cúpula de alguna de las EPS, de esas que nacieron en nuestro país como consecuencia de la Ley 100 y que hoy están multimillonarias de administrar los dineros que todos, empleados y trabajadores independientes, estamos obligados a pagar para hacer parte del régimen contributivo en el sistema de salud pública colombiano; las mismas que se atrasan periódicamente en los pagos a las IPS y que -de tanto en tanto- en actos de conciliación, acuerdan abonos parciales a cambio de ventajosos descuentos.

Según cifras oficiales, en marzo de 2021 en Colombia había 23 millones 726 mil 457 afiliados al régimen contributivo de salud, 23 millones 971 mil 284 al régimen subsidiado, 2 millones 232 mil 078 en el régimen de excepción o especiales, para un total de 49 millones 929 mil 819 personas, en un universo de 50 millones 879 mil 045 habitantes, según el Dane.

Y son esos 23 millones y tanto de afiliados al régimen contributivo, quienes, amenazados de recibir cobros coactivos, por pagos que ya han realizado, se ven en ocasiones forzados a pagar lo que no deben para para ponerle fin al constreñimiento y evitar retaliaciones como la suspensión del servicio o la inclusión en data crédito.

Muchos lo hemos padecido.  En mi caso por partida doble, pues mientras a mí me cobraban varios meses de seguridad social que ya habían sido pagados por Colpensiones a Coomeva, en tanto que a mi esposa, una profesional independiente obligada a pagar salud para no perder el derecho a su pensión, la acosó la misma empresa de cobranzas, denominada Oigame, en nombre de Coomeva, enviando un aviso de cobro por algo que no debía.  Y más curiosa fue la respuesta de un asesor de la EPS: “No se preocupe que son solo 109.800 mil pesos”-.  Como si en plena pandemia esa fuera una cifra insignificante para una persona de clase media y sin empleo.

Me di a la tarea de indagar y descubrí que son muchos, se cuentan por miles, los colombianos que están padeciendo este tipo de persecución.  Así que, aconsejado por un amigo abogado, elevamos la queja ante la Superintendencia de Salud, y en menos de 24 horas, tanto mi esposa como yo teníamos los casos resueltos.  Nos expidieron los paz y salvos y agradecieron por haberles ayudado, dicen ellos, “a mejorar el servicio”.  La Superintendencia sí funciona.  Eso sí, en la EPS nunca se excusaron por el mal procedimiento.   Pero bueno, algo es algo.