Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
Como es natural el fallo del Consejo de Estado que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, que anulaba la credencial de Carlos Maya como alcalde del Municipio de Pereira, dejó decepcionados a varios y contentos a otros. El margen con el que ganó Carlos Maya no fue amplio y un porcentaje grande de ciudadanos apostaron por otros candidatos.
Algunos ciudadanos se han manifestado en contra del fallo porque se logró por parte de los opositores del Alcalde Carlos Maya vender la idea que las elecciones había sido fraudulentas y que había existido constreñimiento al elector a través del aplicativo Kontacto, como lo interpretó el Tribunal de Risaralda.
El constreñimiento no estaba probado y así lo determinó el Consejo de Estado: “… una cosa es la consolidación de una base de datos con fines de propaganda electoral, en el que la injerencia de servidores públicos –cuya coacción no fue demostrada en grado de certeza– podría acarrearles consecuencias disciplinarias individuales por el hecho de la participación en política; y otra, muy distinta el que esa recolección de datos se tenga por sí sola como la demarcación de la suerte del voto de quienes figuran en tales listados…”
Para el Consejo de Estado esos listados podían existir en un aplicativo como Kontacto o en cualquier otra plataforma en la que se conforman grupos como Facebook, Twitter o Instagram. Sí existió coacción por parte de un servidor público eso tendría consecuencias disciplinarias individuales, pero no el alcance para anular una elección democrática.
Mejor para la ciudad y para la administración municipal el fallo favorable del Consejo de Estado para continuar los programas del plan de desarrollo, los proyectos iniciados y las estrategias de reactivación económica pos pandemia.
No obstante, todo este proceso hizo más evidente varias debilidades del sistema democrático que, aunque conocidas y viejas, se han acentuado. Continua una baja participación ciudadana en las elecciones, cada vez es mayor la proporción del número de personas contratadas frente al número de personas nombradas en el sector público. No hay concurso de méritos para ser contratado en una entidad estatal, esto sólo opera para las pocas personas nombradas que entran a carrera administrativa.
La politiquería se alimenta de esa debilidad institucional porque los contratistas interesados o motivados, no necesariamente coactados, son los que salen a votar, mientras que los ciudadanos sin ningún interés se quedan en la casa el día de las elecciones.
Adriana Vallejo de la Pava
Msc Ciencias Administrativas y Desarrollo
Twitter:@VdelaPava