Muchos colombianos confían en el papel de las instituciones colombianas durante el próximo gobierno. El carácter autoritario y populista de los dos candidatos preocupa tanto para mantener la estabilidad democrática en el país como la sostenibilidad económica y fiscal necesaria para superar la pobreza y la enorme inequidad que caracteriza la sociedad colombiana. La independencia y el equilibrio de poderes será fundamental.
Recientemente la reconocida revista internacional “The Economist” advierte sobre los riesgos que ambos candidatos de cambio represen para el futuro de Colombia y afirma que las instituciones en el país deben prepararse frente al próximo gobierno, gane quien gane las elecciones, el próximo domingo.
Todas las instituciones serán fundamentales, en especial la justicia, por esa razón preocupan fallos tan absurdos como el de esta semana del Tribunal Superior de Bogotá que ordena a los aspirantes a la Presidencia de la República a programar un espacio o debate para discutir las propuestas.
Los funcionarios públicos, incluidos los jueces no deben participar en política. Sentencias de ese tipo generan desconfianza en la justicia. No existe normatividad o jurisprudencia que obligue a los candidatos a participar en debates. Como afirmó, el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, el fallo confunde la libertad de elegir y ser elegido con el derecho de los candidatos a acceder a los medios de comunicación. La Corporación Excelencia en la Justicia también criticó el fallo. Además, las votaciones ya iniciaron en el exterior.
Con lo anterior no se quiere desconocer la importancia de los espacios en los cuales los candidatos puedan, a través de los medios de comunicación, presentar sus propuestas o debatir sus ideas. En muchas campañas cuando los candidatos van ganando las encuestas deciden no participara en debates, como lo hizo Gustavo Petro en el mes de marzo y Rodolfo Hernández este mes. Participar en debates es un derecho y no un deber de los candidatos en Colombia.
En estas largas elecciones se han realizado más de 40 debates en medios de comunicación, se han publicado las propuestas de los aspirantes en las redes sociales, los programas de gobierno están disponibles en las páginas web de las campañas. Contrario a lo que piensa el juez que ordenó el debate, hay saturación de información, por eso es tan difícil decidir entre un candidato que preocupa por lo que habla y otro que preocupa por lo que propone.