El fantasma de las fotomultas

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Por JUAN CARLOS PARRA SANABRIA

Los altos índices de siniestralidad vial en Colombia, exigen que se tomen medidas contundentes para detener las infracciones de tránsito, las cuales pululan en todas las ciudades, arriesgando la vida y la integridad física de todos los ciudadanos.

Ante la incapacidad de los organismos de tránsito y sus cuerpos operativos de ejercer el control de las conductas y hábitos de riesgo de ciudadanos irresponsables, se debe pensar en la tecnología de punta para detectar y sancionar a los que poco valoran la vida de su vecinos y amigos.

Es cotidiano observar como nuestra familia está corriendo peligro en las calles, porque todos los días tenemos conductores en estado de embriaguez, otros exceden los límites de velocidad, muchos van distraídos hablando por celular y algunas empresas de transporte publico contratan  conductores sin idoneidad, que se niegan a realizar un chequeo preoperacional de sus vehículos, entre otras agresivas formas de conducir, donde el ciudadano hace arbitrario uso de sus razones y piensa erróneamente que es un derecho fundamental conducir un vehiculo y que el estado Colombiano y sus instituciones tienen que garantizar el ejercicio de su manifiesta violencia en la vía.

El mundo ya utiliza drones, aplicaciones, cámaras, videos, GPS, radares, tecnología robótica y otras manifestaciones de la inteligencia artificial, que se deben colocar al servicio de la prevención y defensa de la vida y la integridad física de los ciudadanos del común, que todos los días son victimas de los violentos conductores que exceden los limites de velocidad y que además conducen permanentemente bajo los efectos de drogas o del alcohol.

Un paso en firme, en la implementación de este tipo de equipos es la LEY 1843 de 2017, por medio de la cual se regula la instalación, la adecuada señalización, puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones o el control del trafico

La misma norma define de la siguiente manera los sistemas automáticos y semiautomáticos:

“Articulo 1 …  Se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor, de que trata el parágrafo 2o del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.”

En el articulo 2 se menciona claramente que, la ubicación de estos sistemas debe estar autorizados por la agencia nacional de seguridad vial, esta entidad actuará conforme a la reglamentación que sobre el tema haga el ministerio de transporte.

En el parágrafo del precitado artículo, se menciona que cada autorización debe tener un una duración máxima de 5 años, esto se puede entender, en el sentido de prohibir los convenios leoninos, por medio de los cuales un ente privado, firmaban convenios por varios años en los cuales se les otorgaban hasta el 70% del valor de las multas, dejando un sabor mal oliente en cada uno de los ciudadanos, porque una cosa es que la multa se haga para prevenir la conducta y sancionar a quién se atreva a violar la norma, pero otra bien diferente que empresas diferentes a la administración, se lleven el dinero de los municipios y a mayor tiempo y mayor cantidad de foto detecciones aumente la ganancia de los privados.

Todo este problema generó un clima negativo que desdibujó la eficiencia y eficacia de las fotodetecciones, creando también un movimiento inusual en su contra, es decir, a quién se le ocurre que un video de una infractora, ¿no es una prueba idónea para demostrar que ese conductor cometió una infracción al código de tránsito?

Hacemos un llamado a la sociedad civil, para que seamos coherentes y exijamos mas control y mayor autoridad en los temas de movilidad, no podemos dejar a nuestras familias a la deriva y en peligro de ser víctima de un siniestro vial.

Recordemos que la seguridad vial es compromiso de todos

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