No es posible conseguir el fortalecimiento de la democracia local si no se logra, al mismo tiempo, el desmantelamiento de las estructuras de poder corruptas y/o criminales, que van en contravía de los propósitos constitucionales.
Es sabido que en gran parte de los territorios de Colombia hay actores no estatales que restringen la acción política y el funcionamiento del Estado social de derecho.
En Pereira los dos últimos gobiernos en los diagnósticos de seguridad del PISCC (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana), reconocen el control territorial que ejerce la bacrim “La Cordillera”, a través de su estructura organizacional con satélites en comunas y barrios, y su poder económico producto de la diversificación de sus actividades delictivas.
El Presidente Petro y un informe periodístico de noticias RTVC han puesto de nuevo a “La Cordillera” en la lupa de la prensa nacional. El pasado 6 de octubre el Presidente de los colombianos hizo unas denuncias a través de sus redes sociales, relacionadas con el crimen organizado y la política en Pereira; preguntó puntualmente: «¿por qué no avanza la investigación en Fiscalía donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva «La Cordillera»?, al paso recordó que esta banda delincuencial quiso asesinarlo en aquellos días de su campaña presidencial.
La unidad de investigación periodística del canal de noticias RTVC fue más contundente al publicar detalles del material probatorio que está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Según RTVC, desde el mes de abril del año 2022 la Fiscalía tiene evidencias suficientes del poder corrupto de esta organización criminal, – en un organigrama presentado por inteligencia de la Policía Nacional-DIPOL-, donde vincula a gente muy prestante de la región, y quienes con su poder imposibilitan el avance de la justicia en esta y otras investigaciones.
El informe periodístico sostiene que «La Cordillera», además del narco y microtráfico, también monopoliza en el territorio otras rentas ilegales como el préstamo de dinero bajo la modalidad del gota a gota, micro extorsión, y hurtos. Al parecer esta organización estaría tras el reconocido asesinato de Lucas Villa, líder estudiantil de la protesta pacífica, ocurrido el 11 de mayo del 2021 en el marco de las marchas y el paro nacional; el proceso de esclarecimiento de este asesinato tampoco avanza en la Fiscalia.
En medio del desarrollo de estos hechos, el periódico El Espectador habló con el Alcalde de Pereira Carlos Maya para preguntarle por su relación con uno de los cabecillas señalados en el organigrama de «La Cordillera». En entrevista con este diario, el Alcalde Maya hizo referencia a unas conversaciones telefónicas sostenidas con el presunto narcotraficante, y dijo: “esas llamadas son muy viejas y yo no recuerdo el nivel de detalle, lo único que recuerdo es que como César era tan amigo del Gobierno del presidente Duque, a través de él yo le pedía aumento de fuerza y apoyo del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior”. Se refería a los ministros Diego Molano y Daniel Palacios, respectivamente.
Es decir, las relaciones que deberían ser a través de los canales institucionales entre el actual Alcalde de Pereira con el Gobierno Duque, particularmente con los Ministerios de Defensa y del Interior, se hicieron a través de un ciudadano, que además es investigado por la Fiscalía por presuntos vínculos con la banda criminal; y el Alcalde de Pereira lo dice públicamente con desparpajo.
Estos graves hechos que se hacen públicos en el momento más álgido de la contienda por el poder local, ratifican las denuncias de muchos lideres sociales y dirigentes políticos, en el sentido de que en Pereira no hay condiciones para hacer una oposición democrática al poder que se entrelaza con la criminalidad, la política y el gobierno. A las amenazas contra el Presidente Petro y el asesinato de Lucas Villa, se suman las otras tantas denuncias, intimidaciones y asesinatos de activistas, dirigentes sociales y políticos en el territorio risaraldense.
La captura de la institucionalidad por la criminalidad es una realidad que se vive y se siente desde la acción política. Esta es la realidad que enfrentan quienes se atreven a denunciar públicamente la corrupción y la criminalidad en la región cafetera. Hay que repetirlo con vehemencia: En Pereira y Risaralda no habrá elecciones libres y democráticas hasta tanto no se saquen las oscuras manos de la criminalidad en lo público, en la política, en el gobierno. Valga recordar que esta es una lucha que supera la instancia electoral, es un asunto de competencia del Estado colombiano.
Este es el grito ciudadano: a los pereiranos nos están robando.
Pero de todos los hurtos que ocurren a diario en Pereira, el más alarmante y paradójicamente del que menos se habla, es del robo de la política. La política se la robaron los violentos, el crimen organizado, los negociantes disfrazados de políticos, y los negociantes de contratos públicos. Es un robo continuado de la política y de lo público.
Paradójicamente hace unas pocas semanas el Centro de Pensamiento Libertank, que al parecer realizó un estudio acerca de las ciudades colombianas que ofrecen una mejor calidad de vida, Pereira fue reconocida como el mejor vividero de Colombia. Sin duda alguna lo es, pero en honor a la verdad, el mejor vividero de Colombia está en rojo. Está en rojo por la violencia política, por la corrupción, por la criminalidad, por los malos gobiernos.
Acuño esta frase de cierre con amor profundo y verdadero por mi ciudad: en el momento Pereira está «muy bien cuidada» por el crimen, y al paso que vamos, la seguirán «cuidando», como repiten y repiten quienes gobiernan y “cuidan” la ciudad desde hace 8 años.
