El nuevo Bogotazo

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Por Alberto Zuluaga Trujillo

La declaración del Ministro de Defensa con la que terminó su intervención en la sesión virtual del Senado en la que dijo: «Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético y desconocieron todo el esfuerzo de formación de la Institución»; a más del perdón pedido a nombre de la misma por el Director Encargado, ponen las cosas en el punto indicado para iniciar un urgente replanteamiento sobre lo que debe ser esta Institución que paradójicamente funciona como cuerpo armado de carácter civil, encargado de la seguridad ciudadana.

El 13 de junio de 1953 al asumir la Presidencia el General Gustavo Rojas Pinilla, incorporó la Policía al Ministerio de Guerra como cuarto componente del Comando de las Fuerzas Militares, procediéndose a separarla de esta en el primer gobierno del Frente Nacional, quedando bajo la dependencia directa del Ministerio de Defensa y consignado de igual manera en la Constitución de 1991 al adoptarse la figura del Estado Social de Derecho.

La existencia de agentes externos de violencia organizada que operan contra el Estado, desnaturaliza la Policía creando una zona gris o fronteriza entre lo civil y lo militar, forzándola a utilizar armas y actitudes propias de la táctica castrense para el cumplimiento de su misión. Con los acontecimientos recientes surge nuevamente la polémica sobre si ésta debiera depender del ministerio del Interior o de Justicia.

La debacle de la Policía bien pudiéramos ubicarla a partir de la salida del General Naranjo en el 2012, siendo reemplazado por el General José Roberto León Riaño, quién después de 14 meses fue sucedido por el más polémico y criticado de todos, el General Rodolfo Palomino bajo cuya dirección estalló el escándalo de la comunidad del anillo haciendo perder la poca credibilidad que los colombianos teníamos en la Policía Nacional. Este vergonzoso hecho lo obligó a renunciar siendo reemplazado por el General Jorge Hernando Nieto Rojas en cuyas manos se dispararon la criminalidad y los cultivos de coca. En diciembre de 2018 el Presidente Duque nombra al General Óscar Atehortúa, actual Director, cayendo la imagen de la Institución a niveles históricos según el informe de favorabilidad presentado por la firma Invamer Gallup, debido a los actos represivos de la policía en las marchas sociales en donde resultó muerto Dilan Cruz. Este 2020 aquietados por el Covid 19 pero advertidos que una vez retornáramos a la normalidad el país regresaría a la protesta social, sin alcanzarla en su plenitud, una brutalidad policial que terminó con el asesinato de Javier Ordóñez, desencadenó una gigantesca reacción que nos llevó a presenciar un nuevo Bogotazo que tiene en ascuas al país. Un informe reciente revela que por excesos y abuso de autoridad la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa tienen en su contra 696 procesos judiciales cuyas pretensiones superan los 945 mil millones de pesos, dinero que de pagarse saldría de los contribuyentes nacionales. Nada ayuda a la situación el enfrentamiento de la Alcaldesa de Bogotá con el Presidente en un claro afán populista de cara a las elecciones. Una gran reforma tiene necesariamente que ver con una mejor selección de su personal y de su régimen salarial

 Alberto Zuluaga Trujillo.

lzutru45@hotmail.com

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