El rostro oculto de los ordenadores del gasto público.

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Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO

El pasado 31 de mayo la Procuraduría Provincial de Pereira, ordenó apertura de investigación disciplinaria contra los entonces secretarios de Despacho de la administración de Juan Pablo Gallo: Dora Patricia Ospina, Fredy Eduardo Ruano, Carlos Andrés Hernández, Carolina Bustamante, Rosa Elena Ángel, Alberto Mario Castaño y el actual alcalde Carlos Alberto Maya, en calidad de delegados para contratar.

Esta decisión tuvo origen en queja elevada por el señor Harold Calderón, en la que señala que la firma GPS Logística perteneciente al señor Luis David Duque, y quien la “maneja indirectamente a la sombra” celebró con el municipio, entre los años 2017 al 2019, quince contratos por una suma cercana a $5.000 millones. Denunció además que los procesos son adjudicados de manera sistemática e irregular, con muchos sobrecostos, especialmente en alimentación y dotación de la logística.

En la misma línea radiqué en días pasados en la Fiscalía, una nueva denuncia contra los titulares de las secretarías: Privada, Deportes, Gobierno, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Planeación y Cultura por haber celebrado el 12 de diciembre del 2019, con GPS GROUP, firma inhabilitada por la ley para contratar con el municipio, un contrato por valor de $484.162.233 y plazo de 18 días, en el que actuaron como delegados del alcalde.

La inhabilidad de GPS GROUP radica en que financió la campaña del actual mandatario con $40.000.000, según lo mostrado en el portal Cuentas Claras, que contiene el reporte de “contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie, que realicen los particulares”, un monto que supera el establecido en la ley.  

A estos se suma que a mediados del pasado año presenté denuncia similar por celebrar, en ese entonces y utilizando la misma figura de la delegación, un contrato con esta misma firma por valor de $447 millones. Sobre este proceso recientemente la Fiscalía 28 de Administración Pública imputó cargos a los abogados Diego Luis Arbeláez y Laura Velásquez en su condición de funcionarios de la Secretaría Jurídica. Esto confirma que por estas presuntas faltas solo responden los mandos medios, los reales beneficiados hacen romper la cuerda por la parte más débil mientras salen limpios del delito.

Y está claro que la finalidad del actual alcalde es manejar la contratación a sus intereses, y satisfacer las ambiciones electorales del anterior. La contratación es entre los amigotes y el favoritismo. Sépase que entre el pasado primero de enero y el 31 de marzo, el alcalde celebró 2.746 contratos, ninguno por licitación pública, todos a dedo y por valor de $229.651 millones. Son los efectos del aplicativo KONTACTO, pues en la denuncia del señor Harold Calderón este advierte que “…con este contrato se financió la campaña del actual acalde Maya, y la logística del aplicativo Kontacto para el constreñimiento electoral…». Más claro no canta un Gallo de verdadero.

Es incuestionable que el favorecido de estas componendas es el ordenador del gasto, léase primero candidato y luego alcalde, quien precisamente conoce en detalle los financiadores de su campaña y articula toda una trama de delegaciones que, dicho sea de paso, no elimina la responsabilidad penal para tratar de permanecer tras el telón del tinglado. El mando superior es el alcalde y como tal debe responder por la contratación y en modo alguno, puede permitirse que, bajo la teoría de la división del trabajo, salga indemne de responsabilidad, pero si recoja los beneficios ¡qué tal!  Por ende, bajo la teoría de imputación objetiva, el “jefe de cirujanos” está en el deber de verificar el cumplimiento de los deberes de sus delegados, desconocer esta obligación es precisamente permitir que se salgan con las suyas los verdaderos determinadores, como si fueran “ordenadores del gasto sin rostro” o sin mancharse las manos porque exhiben a otros en escena.

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