El total desprecio por la vida

Este domingo en horas de la tarde se presentó un grave accidente en el Autódromo de Tocancipá mientras se desarrollaba la final del campeonato TC2000 Colombia. No fue un incidente automovilístico, lo que ocurrió y causó la muerte de la periodista de Blue Radio Luz Piedad Eusse y cinco heridos, entre ellas una hija de la comunicadora social, quien sufrió trauma craneoencefálico y fractura de pelvis y permanece en UCI en coma inducido, fue el desplome de una pantalla tubular led, la cual cayó sobre 50 personas que se encontraban en la tribuna observando la carrera de autos.

La alcaldesa de Tocancipá informó posteriormente que la instalación de esa valla no contaba con el respectivo permiso. Y más grave aún, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió investigación y se buscan todas las pruebas correspondientes, se prevé que se imputará posible homicidio culposo a los responsables del autódromo y los realizadores de la carrera. No debemos pasar por alto que las entidades territoriales y los cuerpos de bomberos, según la Ley 1575 en sus artículos 42 y 43, tienen asignado la inspección y certificación técnica en prevención de incendios y seguridad humana, en especial en eventos masivos. Igualmente extiende esta responsabilidad a curadores urbanos y secretarías de Planeación municipal para verificar el cumplimiento de normas técnicas de seguridad humana previo a la expedición de la licencia de construcción.

La publicidad exterior visual se encuentra reglamentada por la Ley 140, la cual establece en que sitios se prohíbe la instalación de las denominadas vallas publicitarias, y entre esos lugares están las áreas que constituyen espacio público. Por otro lado, la Ley 140 seleccionó el Código NSR-10 como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a sismos y garantizar la seguridad humana. El Titulo B de este código provee los requisitos mínimos que deben cumplir las estructuras y las vallas o equipos ubicados sobre cubiertas de edificios.

En Pereira, según informe de la Secretaría de Hacienda, en el 2022 se encontraban registradas 63 vallas, a las cuales se les liquidó un impuesto de $425.1 millones. Sería importante preguntarnos si tan poca renta anual que generan las vallas publicitarias, justifica tolerar tanto desorden, contaminación visual y riesgo para transeúntes y residentes de edificaciones que lindan con muchas de ellas. En este listado no aparecen relacionadas las pantallas electrónicas, las cuales ocupan espacio público y están exentas de pagar impuesto, pues están obligadas a exhibir avisos de interés para la comunidad. Esta obligación solo la cumple la pantalla instalada en la carrera 14 con calle 17. Las demás pantallas instaladas no tienen aviso electrónico y se están utilizando como publicidad exterior visual sin pagar el respectivo impuesto y violando la norma legal que prohíbe su ubicación en estos espacios.

Las autoridades locales están en mora de explicar si se ejerce un estricto control y vigilancia a las vallas instaladas y en especial a las 4 vallas localizadas en los establecimientos de educación oficial José Antonio Galán, Remigio Antonio Cañarte y Aquilino Bedoya. No puede entenderse como se permite la instalación estas pesadas estructuras de no menos 20 metros de altura, en espacios de amplia circulación y permanencia de estudiantes, profesores y personal administrativo. Podemos estar seguros que la mayoría de las vallas existentes en la ciudad no cuentan con diseños, licencia, permiso y revisión de bomberos y mucho menos garantía de calidad de los materiales y mano de obra utilizados en su fabricación y construcción. ¿Hasta cuándo tanta tolerancia con la ubicación y montaje de estas estructuras? Muchas muertes son evitables, se debe actuar de inmediato, estamos avisados, que no tengamos más adelante que lamentarnos de una tragedia que nos deje víctimas inocentes.