En 2022, Colombia ha sido afectada por el Fenómeno La Niña, generando pérdidas humanas y pérdidas económicas multimillonarias. Los efectos perjudiciales de la variabilidad climática nos dan una señal inequívoca sobre la urgencia de una acción climática local ambiciosa y costo-efectiva; en favor de los sectores sociales y sectores económicos más vulnerables de los territorios urbanos, rurales y suburbanos.
Sectores como el agropecuario, transporte, infraestructura y servicios públicos domiciliarios son los principalmente afectados por inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos, huracanes entre otros fenómenos climáticos; generando un desequilibrio y retraso en el proceso desarrollo socioeconómico de cada una de las regiones del país. Este reto demanda, que los actores públicos, privados y de la sociedad civil forjen las alternativas de solución, a partir de consensos democráticos basados en la ciencia, que den respuesta a la emergencia climática, con acciones concretas de adaptación y mitigación del riesgo climático.
Para lograr este reto civilizatorio y responder a la emergencia climática, se requiere avanzar hacia niveles avanzados de la democracia. Algunos autores han denominado este nivel de madurez de la democracia como “gobernanza”. Tal es el caso de Jessop (2002), la cual la define como “la organización de actores independientes envueltos en relaciones complejas de interdependencia, quiénes con el objetivo del beneficio mutuo gestionan sus propias contradicciones”
Estas nuevas formas de democracia requieren transparencia, trabajo en red, liderazgo positivo, comunicación asertiva y la gestión de conflictos socio ambientales a partir del diálogo y el acuerdo; todo un reto para nuestros dirigentes políticos, empresarios y líderes sociales y ambientales. La emergencia climática no solo demanda inversión económica, sino también compromiso social para afrontar los retos del Siglo XXI a escala global y local.
A nivel local, existe una plataforma de gobernanza ambiental conocida como Bosque Modelo Risaralda establecida en 2008, como un mecanismo de articulación y gestión interinstitucional a escala de paisaje donde el recurso forestal es un eje articulador, en la que participan actores públicos como Aguas y Aguas de Pereira, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, la Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira; actores privados como el Comité de Cafeteros de Risaralda y actores de la Sociedad Civil como la Fundación Solidaridad Network; con el propósito de implementar estrategias de desarrollo sostenible a escala de paisaje en el Departamento de Risaralda. Sin embargo, no están presentes las asociaciones comunitarias de productores campesinos y rurales, así como las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en el territorio, siendo los principales afectados por los impactos negativos del cambio climático.
Los paisas del Valle de Aburra el pasado viernes, tomaron el buen ejemplo de los risaraldenses y en el marco del XXXI Reunión de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo realizada en Pereira, propusieron crear el Bosque Modelo Valle de Aburra articulando a actores públicos como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Envigado; actores privados cómo la Universidad de Medellín y la Universidad San Buenaventura entre otras universidades y empresas de consultoría ambiental de base en Medellín, así como organizaciones de la sociedad civil poniendo en marcha la gobernanza ambiental para la acción climática local ambiciosa y costo-efectiva.
MIGUEL ANGEL AMÉZQUITA BERJAN
Corporación Socioambiental y Tecnológica APEIRON