“En 16 sentencias los jueces de tierras han ordenado a la empresa ARGOS S.A. restituir 32 predios a campesinos y campesinas”
En el discurso del 30 de agosto de 2023, el presidente Petro desde el corregimiento de El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, acusó a Argos de haber expropiado tierras en la población, y que hoy, después de 16 sentencias judiciales en contra, aún no han sido devueltas a sus pacíficos y anteriores propietarios, los cuales fueron desplazados.
El presidente Petro no está acusando a estos empresarios de la masacre y del desplazamiento: “No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”.
Lo que dijo Petro es que como antesala a la titularidad de estas tierras por Argos pertenecieron a unos campesinos pacíficos y fueron despojados violentamente, masacrados y desplazados. Hoy los jueces de la República ordenaron reintegrar estos predios a sus verdaderos propietarios. Esto no es una expropiación, como quieren hacerlo ver con un decálogo desde el Centro Democrático: “El discurso de presidente Petro genera incertidumbre sobre la propiedad privada, busca eliminar una serie de garantías procesales y endurecer la extinción de dominio, reemplazando al juez por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y obligando a los propietarios a la denominada “oferta voluntaria”.
Esta son solo elucubraciones mal sustentadas y lejanas de la realidad jurídica de la propiedad. No se trata de expropiaciones, no se trata de reemplazar los jueces de la República por la ANT. Tampoco es un ataque a la propiedad privada. Solamente se trata de hacer cumplir lo ordenado por la justicia: “En 16 sentencias los jueces de tierras han ordenado a la empresa Argos S.A., restituir 32 predios a campesinos. Los magistrados señalan que Argos hizo caso omiso de la violencia generalizada que padecía la región donde ocurrieron los asesinatos, desapariciones forzadas, y desplazamientos cometidos por los paramilitares y las guerrillas”. Estas sentencias obligan a la empresa Argos S.A. a devolver 32 predios que suman 1.226 hectáreas a la población campesina de Montes de María y César.
Es imposible que Argos S.A. no conociera este contexto donde ocurrieron 40 masacres entre 1991 y 2003. “Uno no va a comprar a un almacén donde venden artículos robados, señaló la fundación Forjando Futuro”.
Cuando una empresa va a adquirir un predio, en su departamento jurídico hacen un estudio de títulos para garantizar que el predio esté libre de vicios garantizando su pacífica y legal enajenación. Parece que los abogados de Argos S.A., no encontraron ninguna perturbación a la propiedad. Distinto dijeron los jueces de la República al ordenar a Argos devolver los predios. Lo que dijo Petro es que solicita desengavetar los expedientes y hacer cumplir las sentencias, lo otro es un relato cantinflesco y tendencioso.
JAIRO ARANGO GAVIRIA
Septiembre 2023
