¿Era tan difícil hacer cumplir la ley?

CASI DOS AÑOS DESPUÉS

Denunciar es obligación del buen periodismo.  Claro, con hechos, argumentos, soportes y, ante todo, buena fe.  Es lo menos que espera de nosotros una sociedad que, ahogada en noticias falsas, cada vez pierde la fe en este bello oficio de informar. Pero no siempre la denuncia logra su objetivo.  En muchas ocasiones, se queda impune.  El denunciado arremete contra el denunciante y lo pone contra las cuerdas acusándole de injuria y calumnia. 

Las denuncias incomodan al servidor público que -siendo su obligación vigilar el buen uso de los recursos- prefiere hacerse el sordo o ponerse del lado del infractor.  Verbo y gracia, lo que por años sucedió con nuestra denuncia publicada en El Opinadero el 17 de julio de 2020 bajo el título: “Pilas, que se están robando los andenes” y que fue leída por 459 personas. (https://elopinadero.com.co/pilas-que-se-estan-robando-los-andenes/)

Allí pusimos de presente que, en una institución educativa de carácter privado en un barrio popular de Dosquebradas, Risaralda, sus propietarios literalmente se adueñaron de un andén y no contentos con ello, lo cercaron con rejas y candado de esquina a esquina, poniendo en peligro la vida e integridad de los peatones que de esa forma no tenían por dónde desplazarse a la calle siguiente para tomar el transporte público.  Situación aún más grave si se tiene en cuenta que el deterioro de la calzada obligaba a los conductores a zigzaguear evitando los huecos del asfalto.

También entonces dijimos que “Esto, que podría ser el encabezado de una de esas secciones de “El Periodista soy yo” en Caracol Televisión, se ha hecho costumbre en el municipio industrial de Risaralda, tristemente célebre por los hechos de corrupción pasados y recientes que han llevado funcionarios municipales a la cárcel”.  E hicimos referencia a la lucha infructuosa de la dirigencia comunal por recuperar el espacio público invadido por particulares:  “El caso en mención ocurre en el barrio Villa del Campo, donde los líderes comunales han tenido que lidiar con la desidia oficial y la propia incomprensión de sus vecinos para intentar que las autoridades cumplan con su obligación, la de recuperar el espacio público”.

Citamos en aquella ocasión al presidente de la junta comunal del sector: “Es un problema que hemos venido afrontando desde la Administración pasada y se han colocado denuncias, pero según la institucionalidad, nos mandan a querellar con los infractores; eso no debe ser así…”, me expresó indignado por la respuesta oficial el presidente de la Junta de Acción Comunal, Roberto Arango”.

Y aunque algunos sugirieron que no era de nuestra incumbencia y que para eso estaban las autoridades de control del espacio público, no nos conformamos con publicar, sino que pusimos en conocimiento al propio alcalde y buscamos infructuosamente el apoyo de una concejal quien tampoco se atrevió a tomar cartas en el asunto para que no le dieran a beber de su propia medicina.

Al final, el tiempo nos dio la razón y por fin hubo quién se atrevió a cumplir el mandato legal y constitucional de ordenar la demolición de la reja y las mejoras en el espacio público hechas por los propietarios del plantel y hoy, más de dos años después del indebido lucro, la semana pasada, funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal de Dosquebradas, en cumplimiento a una denuncia instaurada años atrás ante una Inspección de Policía, finalmente ordenaron retirar el cerramiento y restablecer el espacio apropiado indebidamente.  No hizo otra cosa que darle cumplimiento a la Ley La LEY 9 DE 1989 (  http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/0009%20-%201989.pdf), que en su artículo 5º. manifiesta que por espacio público se entiende “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas  colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes».

A propósito, falta retirar los escombros y volver a habilitar el andén, ojalá de cuenta del infractor como manda la ley.

Este acto de gobierno mero merece todo nuestro aplauso porque eso es precisamente lo que la mayoría no se atreven a cumplir, y es cuando las ciudades van quedando convertidas en tierra de nadie, donde gobiernan los más fuertes, el gobierno pierde autoridad y la sociedad, su rumbo. 

Así que los felicitó de veras y ya que comenzaron a recuperar el espacio público y con ello la autoridad, les recomiendo seguir en su tarea.  Es un buen comienzo.  Ahora, a continuar la tarea.  En la misma zona, Héctor Cifuentes, ex presidente de la Junta Comunal, nos dio a conocer fotos y documentos que prueban por lo menos cuatro infracciones similares, entre ellas la propietaria de una casa que extendió los linderos y se apoderó de la zona verde para construirles parqueaderos a sus vehículos particulares, además de finca para cultivar sus hortalizas.

Recordemos que el espacio público es imprescriptible, les pertenece a todos, nadie puede apropiarse indebidamente de él y por tanto no es sujeto de reparación o indemnización cuando la autoridad lo recupera. 

A ver pues si los servidores públicos hacen lo que les corresponde y los ciudadanos volvemos a confiar en ellos, que para eso les pagan con nuestros impuestos.