Por LUIS GARCÍA QUIROGA
Un funcionario público siempre camina sobre el lomo del código penal. Se me ocurre que la religión es lo más parecido al ejercicio de manejar bienes públicos. El riesgo de ir al infierno es inevitable y en ambos escenarios, el factor dominante es el temor.
La excepción son aquellos sujetos que no creen en el castigo del averno. Esos son los que le roban la leche a un pintadito. Algunos de alto mando suelen poner a subalternos a firmar los torcidos mientras ellos toman vacaciones o una licencia.
El miedo a ser servidor público con funciones de mando y responsabilidades administrativas es tal, que a diferencia de otros tiempos en que destacados profesionales lo hacían con orgullo, si lo hacen ahora, es asumiendo el peligro de ir a la cárcel; o siendo inocentes, temen bajar las escalas del gobierno y subir las de los tribunales.
Es tan evidente el riesgo legal, que para algunos niveles existen pólizas de seguros para la defensa jurídica del funcionario, incluso con cobertura de hasta dos años después del retiro del cargo. La carga laboral y los suelditos que perciben son historia aparte.
El problema (siempre hay problemas en lo público) es que la póliza sólo ampara a directores y administradores en razón de la investidura, pero no ampara el riesgo. Conozco casos de injusticias con ciertos funcionarios que manejan contratación y carecen de póliza.
En materia de contratación pública, el detalle legal es riguroso al extremo. Esa es una de las razones de la lentitud paquidérmica de la contratación, pues con póliza o sin ella, el funcionario se toma su tiempo para examinar y eliminar riesgos. Casi siempre, un documento circula por varios despachos pasando la prueba ácida de legalidad y un simple “chulo” (que implica confianza) involucra una responsabilidad y un riesgo.
A inicio de los años 90 le escuché a un gobernador de Risaralda decir que prefería tener un ejército de abogados que le impidiera ir a la cárcel; y no un ejército de abogados que lo sacara de prisión.
Por más de 20 años conviví con servidores públicos y puedo dar testimonio de personas idóneas, con rigor moral y vocación ética en todos los poros. Los hay, aunque casi nunca se les reconozca nada porque somos una sociedad mezquina, egoísta y precaria en el reconocimiento que no sea por conveniencia.
Habría menos corrupción si hubiera más reconocimiento a la rectitud. Recuerdo que tildaron de ingenuo a don Ricardo Ilián Botero cuando siendo gobernador de Risaralda en su discurso de despedida hizo la relación minuciosa de los dineros públicos en los bancos de la ciudad.
Uno de esos tipos rectos, es el abogado Diego Luis Arbeláez Urrea, quien con independencia de la amistad que nos une, puedo asegurar que además de ser un señor a carta cabal y un profesional conocedor, es íntegro y riguroso. Así es Diego Luis, y todo aquel que lo conozca, respaldará mi testimonio.
Diego Luis ha sido imputado por la Fiscalía por el presunto delito de prevaricato por acción en el caso de un contrato de la Alcaldía de Pereira por $57 millones para la realización de eventos, que por efectos de la pandemia no se podía ejecutar y fue adicionado en $390 millones. La adición no hace parte del reproche jurídico de la Fiscalía pues por causa de la pandemia, el gobierno nacional había autorizado exceder los montos de la contratación por encima del 50% vigente antes de la crisis.
La nuez de la imputación está en la inhabilidad que tenía el contratista por haber sido financiador de la campaña del alcalde Maya, caso en el cual es el beneficiario quien al firmar el contrato debió manifestar que no estaba incurso en inhabilidades. El caso parece mal tipificado. No sabemos si en los entresijos legales hay detalles que en la Fiscalía como la defensa técnica aclaren o enreden el caso.
Mientras tanto, los amigos de Diego Luis ni siquiera nos atrevemos a llamarlo, pues sin hipocresía, no sabríamos qué decirle. Hay que esperar el desenlace de este lío jurídico del que sus amigos tenemos la esperanza de verlo libre de cargos. En encrucijada como esta es cuando al amigo hay que enviarle señales de solidaridad y desearle que tenga fortaleza y sabiduría para pasar esta dura prueba en la que todo servidor público siempre estará expuesto, sin remedio.
