Escampavía – Crisis en la Cámara de Comercio

0
61

Por: Juan Guillermo Ángel Mejía

En Colombia, a finales del siglo XVIII, se creó la primera Cámara, entidad delegataria de funciones públicas por virtud de la ley; son personas jurídicas de carácter corporativo y gremial encargadas de llevar el registro mercantil, estimular el desarrollo de las empresas y ser guardianes de la fe pública para lo cual, están autorizadas a cobrar los recursos parafiscales, los cuales son  impuestos de obligatorio cumplimiento.

Con los años, los ingresos de las Cámaras sobrepasaron los requerimientos para atender las funciones púbicas y por tal razón empezaron a disponer de excedentes que les permitieron asumir otras actividades.

Los recursos públicos en manos privadas generaron actividades reprochables, para obtener el control de las juntas directivas y por ende del manejo de sus presupuestos, y articularlos con sus negocios como también, a través de convenios tanto con el sector público como  con otras entidades, mecanismo a través del cual se eluden las normas de manejo.

 El desbarajuste condujo a que la ley restringiera el voto para elegir las juntas a solamente quienes aportaran dineros adicionales a los parafiscales; el remedio resultó insuficiente, y anti democrático, la representatividad de los verdaderos propietarios, los empresarios, es tan pobre que es posible que a la junta de la cámara de Pereira llegue una lista que solo obtuvo 7 votos, tres de los actuales llegaron con solo 17 sufragios; todo esto ha causado tal desbarajuste que  ilustra Portafolio en una nota que dice:  “en casi doce de las Cámaras de comercio local se presentaron impugnaciones al proceso electoral o contra el censo….”, y más adelante agrega: “los escándalos han provocado la salida de algunos de los presidentes ejecutivos de estas organizaciones,  la apertura de Investigaciones….”, a los casos de Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Villavicencio se suman ahora las dificultades que involucran a otras cámaras donde precarias mayorías mantienen el control de los  dineros públicos cuyo uso no puede ni debe ser amparado por confidencialidades.

Para el caso de nuestra Cámara de Comercio, los delegados del gobierno nacional y los integrantes del renglón  de la junta que obtuviera el mayor respaldo electoral, hemos presentado renuncia colectiva a esta junta ante la imposibilidad de lograr construir los consensos para garantizar  la transparencia, en la obligación de atender a lo que disponen los estatutos, a la negativa de una precaria mayoría para abrir a concursos públicos la selección del presidente ejecutivo, ante las prácticas tortuosas para eludir las normas vigentes y ocultar lo que ha ocurrido al interior de la entidad y para rematar ante la manera como el presidente de la junta impidió se cumpliera con la disposición estatutaria sobre la forma de designar al presidente ejecutivo.

Las siete personas que hemos representado al señor presidente de la república y los dos delegados de los empresarios, entendemos que las Cámaras son los representantes del sector privado y por lo tanto contrapeso del estado.  Existen para servir a la sociedad, no para que sus funcionarios y dirigentes se sirvan de ella; tampoco pueden ser cómplices complacientes de la contratación y refugio de burocracia. Por lo dicho, en lo que concierne a la Cámara, logramos mejorar las condiciones contractuales con El World Trade Center, a revisar y moderar las pérdidas en el contrato de manejo del Centro de Convenciones, a generar esquemas colegiados de apoyo y control; logramos la revisión de algunas cuentas de la entidad, iniciar el análisis de  un código de ética y buen gobierno entre otras acciones colectivas que distan mucho de ser lo que algunos tratan de desvirtuar con acusaciones de índole personal.

Publicada simultáneamente en El Opinadero y El Diario, previa autorización expresa del autor.

Deja tu comentario

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí