Por Juan Guillermo Ángel Mejía
En las cámaras de comercio de Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Montería, Cúcuta, Villavicencio, Armenia, Pereira hay manejos reprobables; esto no es de poca monta ya que está tocando la institución creada por los mismos empresarios para que sirviera de guadián de la fe pública e instrumento para garantizar las buenas prácticas comerciales.
El viernes pasado se desarrolló la sesión del honorable concejo municipal de Pereira a la cual invitó a los presidentes de junta y ejecutivo de la cámara de comercio Pereira y a los representantes en esa junta del señor Presidente de la República y a uno de los delegados electos. Con dolor registró la corporación, un hecho inédito en la historia de la ciudad, no se recuerda que una institución que maneja enormes sumas de dineros públicos se esconda de la ciudad y para la cereza del pastel, en el colmo de la arrogancia, le indica a los delegados de los pereiranos que solo se reunirá, en los salones de la cámara, con una comisión de concejales.
La corporación desarrolló la sesión con quienes sí asistieron y aprobó una proposición en la que condena la actitud de los dignatarios de la junta de la cámara y agregó que se exija contratar una auditoría forense sobre lo actuado en los últimos 10 años y se publiquen sus conclusiones para conocimiento de los ciudadanos.
Lo ocurrido ilustra las razones de la renuncia de casi la mitad de la junta directiva de la cámara. Señores de la junta: “dicen que parte del dinero es público y parte del mismo privado, pero todo es ajeno”, ¿Cómo así que no pasa nada en un ente cuyo delegado de control interno es nombrado por quien debe controlar?, si ha pasado en una junta la cual, en claro conflicto de intereses, se aprueba el derecho de ellos mismos a contratar con la entidad, en una junta que impide se informe a sus aportantes el resultado de la investigación de la Contraloría, que anula el código de buen gobierno, que elimina los comités para que estudien lo que ha de aprobar el pleno?
Algo le ocurre a quien le conceden 15 días para adoptar correctivos a su falta de curia en el cuidado de los recursos públicos, cuando elude la obligación y derecho de la misma para designar al presidente ejecutivo, y niega cualquier posibilidad de abrir postulaciones para el cargo, cuando no ha pedido cuentas por los viajes y gastos que le han costado más de 1.500 millones de pesos, una junta a la cual le dice la Contraloría que ha aprobado primas injustificadas sin estudio alguno del orden de los mil millones de pesos e incrementos de sueldo desproporcionados, en una junta que lleva a pérdidas 400 millones de pesos por incumplimientos o por compras por mas de 1.500 millones de pesos que se pudren en sus cajas, si ha ocurrido cuando ha pasado por alto que se manejen los dineros con tarjetas de crédito repartidas como crispetas, cuando le informan a la ciudad que todo bien todo bien, cuando vende terrenos con limitaciones de uso, en fin pasa el rey, y pasa la hija de conde cuando nadie debería pasar(?)
Confecámaras está pasando de agache cuando se le vino encima un tsunami de malos manejos, se espera que la Superintendencia de Industria y Comercio, que no ha dicho esta boca es mía desde cuando Pablo Felipe Robledo actuó sobre el caso de Barranquilla, se pronuncie; es más, algunos altos personajes están convocando a la Contraloría para que colabore dado que solamente la Procuraduría ha proferido providencias en los casos de Montería y Cúcuta.
¿Qué le pasa a una sociedad que le importa un higo cuando se enfrenta casos con nombre y apellido y sigue clamando por la trasparencia y honestidad mientras convive con el jolgorio.
Publicado en El Diario y El Opinadero con autorización expresa del autor
