Por JUAN GUILLERMO ÁNGEL MEJÍA
No Ha mucho tiempo, un procurador, de cuyo nombre si puedo acordarme, propuso, como remedio a la corrupción y desgreño de la justicia, que los ex magistrados, contralores, procuradores y fiscales, a su retiro, quedaran jubilados, pero a cambio de ello, también quedarían impedidos para ocupar cualquier cargo de elección popular, así, si se le quitaba el ingrediente político, la justicia sería lo que otrora fue.
Cada loro en su estaca es algo que la justicia y los entes de control olvidaron; muchos altos funcionarios labran su carrera política mediante: gestionar recursos, apadrinar decisiones, gastar sin medida ni control, intervenir en política, manejar a su antojo multitudinarias burocracias, saltar de cargo en cargo, o quemando incienso; estas son actividades que los apartan del sagrado ejercicio de impartir justicia, cuidar los bienes comunes y de poner límite al ejercicio del poder.
El acuerdo de la Habana y la pandemia han afectado a Colombia en billones de pesos, dinero que, cómo no crece en los árboles, debe salir de quien la produce: la gente y de los recursos disponibles, por ello parece ineludible una reforma tributaria; pero par y paso con ella se debería racionalizar el estado.
No conducen a lo dicho muchas cosas: leyes estatutarias que implican un multimillonario gasto aprobadas de afán; el reclamo por más burocracia y presupuesto, en medio de las actuales dificultades fiscales de los llamados Zares y el crecimiento de los cuerpos colegiados, de las cortes y de la burocracia; todo ello nos hace pensar que a la reforma tributaria le hace falta la promesa repetida de reducir un congreso y su remuneración; revisar unas cortes que han crecido por acuerdos que pueden ajustarse ya que el número de congresistas y de magistrados, los unos con hasta diez auxiliares pagados por el estado y los otros quienes cuentan con hasta treinta y más magistrados auxiliares a su servicio, son demasiados cargos de alto costo.
Tener el país con el mayor número de togados por habitante, y uno de los más voluminosos congresos del mundo no nos garantiza una justicia más oportuna, más eficiente y más honesta y un menor congreso también funciona.
No resiste comparación el costo de recuperar los dineros perdidos por la corrupción y el costo de los entes de control, entre otras muchas otras razones porque están ellos y los servidores públicos, sometidos a una maraña judicial que dificulta y encarece la contratación, genera interferencias entre las instancias de la toma de decisiones e imprecisiones que conducen a absurdos como el de encartar a un funcionario público, años después, porque adquirió una deuda en divisa extranjera, sin comprar un seguro contra variaciones en el cambio de la moneda
El valor futuro de las divisas es incierto; por ello la compra de seguros de cambio a largo plazo es muy costoso, así las cosas ¿qué habría pasado si se hubiere adquirido el seguro mencionado y no se hubiere dado la diferencia de cambio y qué, si, por el contrario, no se adquirió el seguro y la divisa hubiere perdido valor?
Hoy, para realizar un proyecto se requiere más que de ingenieros, de abogados; así las obras se encarecen, las decisiones se atrasan y de contera los cálculos matemáticos o las sanas prácticas administrativas tropiezan con los incisos y, es más, pueden resultar afectadas por las revisiones a posteriori, cuando como, con el huevo de Colón, después de las horas, se pregunten ¿por qué no previó tal o cual circunstancia? Como si al diseñar una obra se deba planificar hasta el mínimo detalle y posibles incidentes, lo cual encarece la etapa primera de una obra y de ninguna manera blinda al proyecto de imprevistos, como es el caso coronavirus.