Como guardaespaldas de una pequeña niña, es contratado un ex agente de la CIA. El padre de la menor, un acaudalado comerciante, selecciona al escolta por su pasado tormentoso y su condición de alcohólico, que parecía encajar en sus pretensiones macabras de autosecuestrar a la menor para cobrar el rescate. Todo se ajustaba a las intenciones del malvado progenitor hasta el momento del plagio, en donde recaen sobre el responsable de la seguridad de la infante los señalamientos por las deficiencias en la prestación del servicio. La gravedad de los hechos y la incriminación que le hacen por lo sucedido, despierta en el guardaespaldas su instinto asesino aprendido en su formación que lo llevan a perseguir implacablemente a todos los involucrados en el crimen, ofrendando hasta su propia vida para rescatar con vida a la niña… Así plantea los hechos la película HOMBRE EN LLAMAS (2004), dirigida por TONY SCOTT y protagonizada por DENZEL WASHINGTON…
Hace unos días presentaron en Caracol Noticias, un programa sobre la composición de los esquemas de seguridad para los 45 concejales de la ciudad de Bogotá. Según el informe, para la capital del país se había diseñado un plan especial de protección de los concejales que incluía carros blindados, chalecos antibalas, conductores y escoltas. Pero, dos de los beneficiarios renunciaron a este derecho argumentando que ellos no tenían amenazas que les exigiera disponer de semejante parafernalia.
Yo me desplazo continuamente desde mi casa a las instalaciones del Concejo en Transmilenio (transporte público masivo) –afirmó uno de los concejales que no quiso aceptar el esquema personal de seguridad-.
Hay que tener en cuenta que aparte de los vehículos, equipos, armamento, conductores y guardaespaldas; todos los gastos ocasionados por el servicio –combustibles y mantenimiento de los automotores-, corren por cuenta de la UNP (Unidad Nacional de Protección), que es la entidad encargada de la protección adscrita al Ministerio del Interior.
En Colombia hay 7.714 personas protegidas (multipliquen por el número de vehículos, chalecos blindados, combustibles, armamento utilizado, conductores y escoltas necesarios), y, constantemente, llegan centenares de solicitudes, muchas de las cuales se quedan sin respuesta por la imposibilidad física de atender tantos casos al mismo tiempo, en un país tan violento como el nuestro.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016, han asesinado centenares de líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos y firmantes de los Acuerdos. Por ejemplo: en el año 2020, fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos; 12 personas familiares o relacionadas con líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 64 firmantes de los Acuerdos de Paz con las guerrillas de las Farc. Y eso que, en el año 2020, con la llegada del virus de COVID, se mantuvo a la población de todo el país encerrada en sus casas por varios meses.
Uno de los departamentos con más bajos índices de homicidios de líderes sociales, de líderes ambientales y defensores de Derechos Humanos es Risaralda. Sin embargo, para obtener el reconocimiento como amenazados, hay quienes han llegado hasta la torpeza. Hubo un caso de un «prestigioso» servidor público que se hizo un autoatentado para visibilizar su aspiración política futura (fue develado el fraude y puesto preso el perpetrador); otro que recurrió al mismo método para implorar en la embajada americana el otorgamiento de visa (la que finalmente le negaron); otro más, que siendo candidato a un cargo de elección popular, le pegó un par de tiros a su vehículo, lo que llevó a mover la fibra de la compasión popular y fue ungido como alcalde; otro al que llaman el «autoamenazado», por las pruebas que presenta de las supuestas amenazas para hacerse renovar su esquema de seguridad; existen aquellos que sin haber recibido amenaza alguna, han hecho publicar sus fotografías en los periódicos locales en donde anuncian que deben salir del país por amenazas, y, anexando dos declaraciones extrajuicio de testigos de las presuntas amenazas, tramitan ante gobiernos extranjeros solicitudes de asilo político.
En Colombia, país de lo inverosímil, se dan casos aberrantes de corrupción y en el tema de la prestación de seguridad para los amenazados hay cosas de «no te lo puedo creer». Hace un par de meses se denunció que el fiscal general disponía de camioneta blindada y escoltas para que le sacaran a «miar» los perritos; o el caso de un exparlamentario risaraldense que utilizaba carro blindado y escoltas de la UNP, para que lo acompañaran en su recorrido recreativo en bicicleta; o qué tal el último decreto presidencial de Duque otorgando «ESQUEMA DE SEGURIDAD DE POR VIDA» –que incluye vehículos blindados, conductores y escoltas-, a exfuncionarios de su desgobierno.
Es habitual ver a algunos personajes que cuentan con esquema de seguridad de la UNP, hacer ostentación de tal beneficio pavoneándose como «traquetos» recién coronados, llegando al abuso hasta con el personal de custodia de hacerlos esperar eternas horas mientras ellos rinden honores, no a Sir Edwards (es un trago muy humildón para su nuevo status), sino a don Johnnie Walker sello azul.
En esta oportunidad tomé como telón de fondo de mi publicación el filme HOMBRE EN LLAMAS, porque cuenta uno de los tantos actos de corrupción y criminal que pueden girar alrededor de la labor de protección de personas y que me llevan a pensar que es momento propicio para hacerle una profunda reestructuración a la UNP, haciendo más eficientes y transparentes sus servicios y un control severo a la composición de los esquemas de seguridad. No olvidemos que los miles de millones de pesos del presupuesto de la UNP (Unidad Nacional de Protección), provienen de los impuestos que pagamos todos los colombianos.
Los escándalos recientes denunciados de la UNP (Unidad Nacional de Protección), como el hecho de haber encontrado en la camioneta del subdirector de la entidad 165 kilogramos de cocaína, la utilización de vehículos para funciones distintas a su razón de ser, además, por las denuncias sobre la contratación fraudulenta de carros con blindajes no homologados y hasta corrupción en el manejo de los esquemas de seguridad, con el otorgamiento de más o menos número de escoltas y carros blindados.
Produce profunda tristeza el asesinato de tantos líderes sociales, líderes ambientales, defensores de Derechos Humanos y firmantes de los Acuerdos de Paz -muchos de los cuales se quedan en la impunidad-, o la tristeza por aquellos compatriotas que tienen que salir del país para salvaguardar su vida, pero más aún, es que los asesinados no contaban con esquemas de seguridad, ni siquiera les suministraron un chaleco antibalas.
¿Será que todos los que tienen esquemas de seguridad realmente están amenazados o hace parte de una despreciable estrategia de manipulación mediática para tramitar aspiraciones politiqueras? Como dice la reconocida frase: ¡NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON!
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Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad.
SÉNECA
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Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente.
RAMÓN PÉREZ DE AYALA
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Si alguien miente sobre algo pequeño, no sabes en qué más está mintiendo.
JENNIFER MORRISON