En los últimos días, el sistema educativo en Colombia ha sido protagonista, no por logros destacados, sino por tres temas que evidencian su crisis: la desfinanciación del ICETEX, la intervención de una congresista que afirmó que el sistema educativo «está mandado a recoger» y un fallo histórico que permite a los maestros recibir salario y pensión sin retirarse. Estos hechos reflejan las contradicciones de un debate político centrado en la confrontación y no en soluciones reales.
El sistema educativo colombiano ocupa una posición desalentadora en los informes PISA. En la evaluación más reciente, Colombia se ubicó en los últimos lugares en lectura, matemáticas y ciencias, dejando en evidencia la baja calidad de un modelo que, pese al incremento constante del gasto público, no logra resultados positivos.
Mientras el gobierno actual reconoce públicamente esta realidad, la oposición, lejos de ofrecer alternativas, se limita a destacar que en sus administraciones invirtieron más recursos. Sin embargo, estos recursos no se tradujeron en mejores resultados, perpetuando un ciclo de despilfarro y mediocridad. Este debate se ha convertido en un absurdo concurso por demostrar quién gastó más, ignorando el fracaso evidente del modelo educativo.
Uno de los argumentos recurrentes en esta discusión es la supuesta falta de recursos. No obstante, el economista Peter Schiff, en su libro La verdadera quiebra, demuestra que aumentar el gasto educativo no garantiza mejores resultados. En Colombia, aunque los presupuestos han crecido, las capacidades y habilidades de los estudiantes continúan deteriorándose. Más dinero no significa más educación.
La desfinanciación del ICETEX es otro reflejo de la fallida planificación estatal. Miles de estudiantes que dependían de esta entidad para acceder a la educación superior ahora enfrentan más obstáculos, ampliando aún más el vacío de oportunidades que el sistema supuestamente debería cerrar.
Por otro lado, la declaración de una «ilustre» congresista afirmando que el sistema educativo «está mandado a recoger» no es errada. Cuando la educación es controlada por el Estado, actúa más como un aparato de adoctrinamiento que como una herramienta de formación integral. En este sentido, se debe mirar por modelos alternativos, como el homeschooling y la participación del sector privado.
Para empeorar el panorama, el reciente fallo judicial que permite a los maestros recibir salario y pensión sin retirarse plantea preguntas serias sobre su impacto. ¿Cómo justificar este beneficio en un sistema que falla consistentemente y enfrenta problemas presupuestales? Recompensar a quienes operan dentro de esta estructura sin exigir mejoras parece una decisión insostenible y contraproducente.
Colombia debe enfrentarse a una pregunta crucial: ¿seguiremos tirando dinero a un sistema roto?
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