Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
El jueves pasado se lanzó el informe Justicia Cómo Vamos que incluye información sobre 17 municipios pertenecientes a la Red de Ciudades Cómo Vamos. El objetivo del estudio es contar con información para medir el conocimiento, acceso y calidad de la justicia y evaluar el estado del sistema de justicia local para plantear alternativas que permitan fortalecer su funcionamiento.
El objetivo 16 de desarrollo sostenible las Naciones Unidas busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas en las que se permita un acceso equitativo, eficiente, eficaz y oportuno de todos los ciudadanos a la justicia. En Colombia alcanzar ese objetivo es una prioridad, sin embargo, las transformaciones que necesita el sector justicia no se producen a la velocidad necesaria.
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La falta de capacidad institucional explica que el 43% de los encuestados considera que las personas no acuden al sistema de justicia porque es lento y un 30% afirma que eso ocurre por falta de confianza en las entidades judiciales. Este vacío institucional trae como consecuencia que el 52% de los ciudadanos prefiera resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y en algunos casos recurriendo a la violencia.
Otros ciudadanos no acceden a la justicia para resolver sus conflictos porque no conoce las instituciones encargadas de hacerlo. En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, las inspecciones de policía, los juzgados o la Fiscalía.
Para lograr la eficacia de aparato institucional de justicia y responder a las expectativas ciudadanas es necesario invertir en recursos humanos, físicos y tecnológicos. El informe muestra la forma precaria como operan las comisarías de familia, las inspecciones de policía o las casas de justicia. Estas entidades son el Estado en el barrio, lo más cercano del ciudadano a la justicia, pero no existe suficiente conciencia en los gobiernos locales sobre la importancia de su fortalecimiento para mejorar la convivencia, disminuir la violencia y descongestionar la justicia.
Por último, el informe evidencia la falta de articulación y armonía entre las entidades del orden nacional y las del nivel local y entre todas en los municipios, por ejemplo, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia o entre estas y la Fiscalía. La falta de coordinación afecta el funcionamiento de la justicia y el servicio para los ciudadanos. Ojalá el informe sirva para implementar soluciones.
Adriana Vallejo de la Pava
Msc Ciencias Administrativas y Desarrollo
Twitter:@VdelaPava
