Justicia paquidérmica, violatoria del Estado Social de Derecho.

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Por Aura Marlene Ríos Chaparro

Triste que tuviera que ocurrir una pandemia para que la Rama Judicial pensara en modernizarse y dejar atrás todo el rezago que ha venido acumulando a lo largo de los años. Considero que los organismos encargados, en esta oportunidad han echado mano a la pandemia, para no quedarse atrás del activismo desplegado por todos  los estamentos y no al cierre de los Despachos Judiciales, pues en varias ocasiones, por determinación de alguno de los muchos sindicatos se ha negado el servicio por meses sin que se exigiera su restablecimiento por parte de las autoridades o de los abogados litigantes.  

Esta pereza institucional para poner a tono la justicia con los tiempos modernos no obedece únicamente a la incapacidad de los órganos rectores para tomar firmes determinaciones al respecto; responde también a intereses oscuros.  

No es nuevo ni desconocido que la morosidad y paquidermia de los Juzgados beneficia a muchos y es causa de inmoralidad y produce ingentes réditos para algunos empleados y funcionarios (cartel de la toga e entre otros). Es la manera más fácil y valedera de obtener coimas que se maquillan con la consabida coletilla de la ‘carga laboral’ que en últimas logra beneplácito por parte de las autoridades disciplinarias. En síntesis, los términos judiciales nunca se cumplen.

Ha llegado el momento de que el Consejo Superior de la Judicatura, sin más excusas “tome el rábano por las hojas” y sin consideraciones proceda a implementar no solo las audiencias sino todo el sistema de presentación y desarrollo de los trámites judiciales, dando aplicación a las herramientas que le otorga el C. G. del Proceso y no se quede en dar soluciones coyunturales que, antes que beneficiar, pueden llevar a una mayor inoperancia de nuestra justicia.

Con seguridad que dando el salto necesario a la modernización de la sistematización de los procedimientos se coloca a tono la Rama Judicial, se aceleran los trámites y se le pone cortapisa a focos de corrupción que han llevado al desprestigio de nuestra justicia.

Se espera que para finales de mayo, la Rama Judicial esté habilitada para continuar prestando el servicio público de administración de justicia, que hoy está denegado en el 100% del territorio nacional, con excepción de las acciones de tutela y algunos actuaciones en materia penal, bajo el entendido que un Estado de Emergencia Social, paralizó una Rama del Poder Público, siendo este acontecer,  contrario a lo normado en el numeral 3 del artículo 214 Constitucional. Nadie dice nada.

Cordialmente,

AURA RÍOS

Publicado en El Espectador el 21 de mayo del 2020.

Autorizo su publicación en El Opinadero

1 COMENTARIO

  1. Excelente análisis de uno de los problemas más sentidos de nuestra sociedad. Frente a eso es mucho lo que se ha dicho y nada lo que se ha hecho.

    Más vale tarde que nunca.

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