Por JUAN GUILLERMO ÁNGEL MEJÍA
La creencia que es posible predecir el futuro ha acompañado al hombre desde siempre: los adivinos, brujos, profetas, promeseros, políticos, quirománticos entre muchos otros han ocupado lugar de preeminencia en todas las culturas, ellos, con la interpretación de signos como la manera cómo vuelan las aves, la lectura de la entrañas de una víctima o la forma como se distribuyen las piedras de las runas en el suelo, han influido de manera cierta en la historia, muchas cosas ocurrieron o dejaron de hacerlo previo consejo del vidente.
Algunos pueden llegar a creer que la predicción tiene los días contados, lo cierto es que sigue teniendo vigencia más allá de los cuartos oscuros y de las bolas de cristal o la manera como se suceden las cartas del tarot, para sorpresa ha llegado a la legislación con carácter de obligatorio cumplimiento, así las cosas la Contraloría abre juicio a los integrantes de una junta directiva por el hecho de no haber previsto lo impredecible y las normas que regulan la contratación en Colombia hacen obligatorio planificar a tal detalle que no deja mucho espacio para lo que antes se denominaba imprevistos.
El honorable Consejo de Estado ha condenado a la nación a pagar una reparación de más de veinte mil millones de pesos de cuenta del secuestro y posterior asesinato a mansalva de los diputados del departamento del Valle, no paga quien disparó a indefensos amarrados con cadenas a compensar a la familia de las víctimas de esa masacre sino a todos los colombianos dado que, según los abnegados defensores de los público, el estado debió adivinar que tal monstruosidad ocurriría; como también debió prever que otro desalmado y hoy honorable legislador, arrojaría bombas para masacrar a más de cien indefensas mujeres y niños quienes aterrorizados se refugiaron en una iglesia en la ingenua creencia que allí estarían a salvo de la barbarie, como tampoco se anticipó que los desprevenidos visitantes de un centro social serian víctimas de un cuidadoso plan para sembrar bombas.
En todas y muchas masacres más, es el estado, es decir todos nosotros, quien, a juicio de las cortes, debe pagar por las acciones de desalmados quienes han hecho de la masacre práctica normal y cuotidiana.
La manera como la justicia está actuando, liberando de la obligación de reparar y de responsabilidades a los actores de los más execrables crímenes de lesa humanidad, obligará al establecimiento a contratar videntes para lograr anticiparse a los desalmados.
Otro tanto ocurre con la contratación de las obras publicas la cuales, como es fácil verificar, cuestan muchísimo más que las que acomete el sector privado, sobrecostos que se deben de una parte a la corrupción rampante, y de otra puesto que se debe incluir, en los presupuestos, los costos de prever hasta los más mínimos detalles y las demoras y revueltas a las que están obligados por la maraña legislativa que ignora que cada obra es distinta y que algunas tienen mayores niveles de incertidumbre, así hoy se necesitan más abogados que ingenieros para hacer algo por contratación con el estado.
Inesperadamente, después de cuatro años, y quizás debido al cambio de presidente de la JEP, quien seguramente no será condecorado por los senadores de las FARC, apareció una apertura de juicio de responsabilidades por los secuestros, delitos de lesa humanidad repetidos decenas de miles de veces, y así la palabra secuestro, que fue lo que ocurrió con los legisladores del Valle masacrados o la tragedia que sufriera el gobernador Gaviria y su asesor de paz Echeverri, desapareciera del texto, este es el principio que alienta a pensar que ese tribunal, escogido por los firmantes de la Habana, tomará el camino correcto.
