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PolíticaLa cadena perpetua

La cadena perpetua

Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO

El pasado 6 de julio el presidente Iván Duque sancionó la ley 2098 de 2021 que regula la implementación de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños y adolescentes, denominada Ley Gilma Jiménez, en honor de la líder del Partido Verde, principal promotora de la iniciativa, fallecida el 29 de junio de 2013. El 12 de junio, 15 días antes de su muerte, escribió en su cuenta de Twitter: “El día que garanticemos  y hagamos cumplir los derechos de los niños, ese día tendremos una mejor sociedad y un gran país”. Controvertida y mediática para algunos, se comprometió hasta su final con la causa, logrando que el actual mandatario en campaña la asumiera como propia, obteniendose finalmente su aprobación. “Con la Ley que reglamenta la cadena perpetua quedan advertidos quienes pretendan violentar y asesinar nuestra niñez, que esta norma se ajusta a la Constitución, con garantías de debido proceso para que haya sanciones ejemplares contra estos criminales”, indicó el Jefe de Estado. Aprobada en el Senado de la República con 67 votos a su favor, la reglamentación de la ley perpetua, revisable a los 25 años, reforma los Códigos,  Penal, de Procedimiento, Penitenciario y Carcelario. Pero con unos operadores judiciales y una justicia en veremos como actualmente existe en Colombia, esta será otra más de las muchísimas que llenan los anaqueles de las leyes. Espantados, el país ha registrado como en el caso de la pequeña Sara Sofía, que va camino de convertirse en otro novelón igual al de Andrés Colmenares, quien ya cumplió 10 años sin que la justicia haya esclarecido lo que realmente sucedió, las personas implicadas en la desaparición de la niña, su mamá y el novio, fueron capturados para luego ser dejados en libertad y una vez libres fueron nuevamente recapturados y vueltos a soltar, por orden de la jueza a su cargo por considerar que las capturas fueron ilegales. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron por tercera vez a Nilson Díaz, principal sospechoso de la desaparición de la niña, a quien un juez consideró que no se le habían respetado sus derechos. El juzgado 23 con función de control de garantías de Bogotá legalizó esta nueva captura, dictándosele medida de aseguramiento intramural. Esperamos no sea devuelto a la calle alegándose más tarde que al “pobre e indefenso hombre se le burlaron nuevamente sus derechos”, dentro de este penoso juego entre juzgados y Fiscalía, el Fiscal General manifiestó que el CTI ha procedido conforme a las leyes y con el consabido estribillo de siempre sentenció: “la Fiscalía buscará que los inculpados reciban el peso pleno de la ley”. Es de resaltar que el juzgado en mención dejó claro: “que con la legalización de la captura, se buscó prevenir una posibilidad de fuga”. Declaración cínica y ridícula, pues de haber contado con capacidad y medios, hace rato hubiese tomado las de Villadiego. Igual, el juez 42 penal municipal de Bogotá  dejó en libertad por vencimiento de términos al señalado de asesinar y descuartizar en mayo de 2020 a Adriana Aponte. Esta figura se produce por responsabilidad de la Fiscalía  a través de sus delegados y de los juzgados que adelantan los procesos, considerándose una garantía procesal que castiga la mora judicial. En 2020, por este motivo, según el IMPEC, salieron 5.226 sindicados. Se impone una revisión de los tecnicismos judiciales para descongestionar los despachos, pero, no es menos cierto, dado el corrupto desempeño de nuestra justicia, que en muchísimos casos es una socorrida maniobra dilatoria.

Alberto Zuluaga Trujillo                                                                     alzutru45@hotmail.com                                  

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