Por LUIS FERNANDO CARDONA G.
La semana pasada, la prensa nacional informó de la captura de una banda de delincuentes que defraudó a 6.929 personas mediante transacciones bancarias ilícitas por cuantía estimada inicialmente en $5.072 millones de pesos.
La empresa criminal operaba como un call center, desde donde se hacía contacto con las víctimas a través de medios electrónicos, especialmente llamadas telefónicas o por redes sociales.
La cabecilla, resultó ser una bella y elegante mujer residenciada en la vecina capital caldense, de nombre Lina Coca, quien, de acuerdo con lo señalado por los investigadores, fue “perfilada por la policía como una mujer de gustos finos y caros: ropa de marca, joyas de diseñador y carros de alta gama…reconocida como una pujante empresaria”.
En la operación fueron privadas de la libertad 51 personas, incluida la líder de la organización.
Además de Lina, fue capturada una persona que realizaba las vinculaciones de las empresas fachada, a las entidades financieras y activaba los permisos especiales para que los call center pudiesen operar y cometer fraudes; así mismo un exfuncionario de una entidad privada que vigila y regula la actividad de los call center a nivel nacional y quien en su labor cotidiana realizaba investigaciones internas para la región del eje cafetero, lo cual le permitía cobrar jugosas sumas de los cabecillas de la organización delincuencial para favorecerlos en los resultados de las investigaciones y así evitar el bloqueo de los códigos o permisos especiales. Por último, en Cali fue capturado quien conseguía las bases de datos de entidades bancarias de otros países, en especial las de México.
En total, se encontraron 18.470 datos financieros de igual número de personas a las que tuvo acceso la red. (https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/13/la-mujer-detras-de-una-de-las-bandas-de-estafadores-mas-grandes-de-colombia/)
Según el portal web https://www.asuntoslegales.com.co/, en el año 2020 fueron cometidos en Colombia 36.834 delitos informáticos, lo cual representa un incremento del 83% con respecto al año inmediatamente anterior.
El Mayor Camilo Ramírez, jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia – C4 de la Policía Nacional, explica que esto obedece a que las medidas de aislamiento decretaras por la expansión del covid-19, “obligaron a las personas a quedarse en casa y a hacer uso de las tecnologías de la información de manera brusca, muchos desconociendo buenas prácticas para protegerse de los ciber delincuentes quienes aprovecharon esta situación. Los delitos están migrando al entorno digital”.
Y no es que las víctimas sean incautos que ignoran los peligros del ciberespacio; es que cada los antisociales adquieren mayor sofisticación para violar las más complejas seguridades. Qué decir de nosotros, los ciudadanos corrientes, que por más que pretendemos detectar la mala intención en una llamada o un mensaje de chat, en un abrir y cerrar de ojos ya les hemos dado las pistas para identificar las contraseñas de nuestras cuentas, si no es que mansamente se las proporcionamos enviándolas a los correos que nos ponen como cebo, o al contestar positivamente una pregunta que conduce directo a una venta ficticia en la llamada telefónica.
Peor aún, cuando al interior de los bancos cuentan con el cómplice que le vende al mejor postor la base de datos de los clientes, o el supervisor que se presta para validar las oficinas desde donde se fraguan las estafas y los robos de identidades.
El comercio electrónico avanza en proporción inversa con las ventas presenciales; somos vulnerables frente a los ciberdelincuentes nacionales y extranjeros. Ya lo éramos antes de la pandemia y hoy con más veras. Así que, si nuestro dinero no está seguro en el banco, ¿qué nos espera? ¿Será que volveremos a guardarlo debajo del colchón?
