Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959 en el marco de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile, fue el inicio del fortalecimiento del Sistema Interamericano que reconoce que la libertad, la justicia y la paz son derechos iguales e inalienables de la persona humana, considerando indispensable su protección a fin de que el hombre no se vea comprometido en rebeliones contra la tiranía y la opresión. Con tal propósito encomendó la elaboración de un proyecto de convención sobre estos derechos, disponiendo la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos compuesta por siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos miembros ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la que aprobó el Estatuto de la Comisión en 1960, iniciando al siguiente año las visitas a los distintos países signatarios. Debe diferenciarse claramente de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, que son organizaciones no gubernamentales (ONGS), de derechos humanos de claros tintes izquierdistas, en la que José Vivanco, ampliamente conocido en Colombia, es el director para las Américas. Mientras la Comisión Interamericana es un órgano de la OEA previsto en la Carta, la Corte Interamericana, instalada en San José, Costa Rica, en 1979, es una institución judicial autónoma, que aplica e interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se aleguen violaciones de derechos humanos de Estados Miembros de la OEA, realizando visitas in loco (en el lugar de los hechos). Estas visitas constituyen la metodología de análisis de los estándares nacionales, conteniendo aspectos políticos que generan dificultades para su realización, razón por la que los Estados no siempre están dispuestos a aceptar su intervención, argumentando afectación en su soberanía. Precisamente el Gobierno, a través de la Vicepresidenta, aun no posesionada como Canciller, en visita realizada ante funcionarios de organismos internacionales y del Congreso y Gobierno estadounidenses, manifestó que el Gobierno de Colombia no estaba dispuesto a aceptar en esos momentos una visita de la Comisión de Derechos Humanos, hasta tanto no se tuvieran los resultados de sus propias investigaciones, causando una avalancha de críticas que forzaron al presidente Duque a reversar tal decisión. Siendo la CIDH un organismo internacional conformado por Estados, esa misma conformación la hace un cuerpo altamente político por lo que es señalada de tener un sesgo izquierdista, dadas las manifestaciones frente a distintos gobiernos de la región. En Bolivia, frente al gobierno de Evo Morales asumió una posición pasiva durante los 14 años, utilizando un estándar diferente bajo el gobierno de Jeanine Añez, su sucesora, razón para ser señalada de izquierdista. Paradójicamente, los gobiernos de Ecuador y Venezuela la han acusado de derechista, al proteger la Corte los derechos políticos a Leopoldo López en Venezuela, primer líder de la oposición a Maduro. Recientemente, las medidas cautelares a favor de Petro, en nuestro país, exacerbaron los ánimos. Cumplida la visita y recaudada toda la información posible, la Comisión, con su presidenta Antonia Urrejola Noguera, presentará ante la comunidad internacional la situación, según ellos, de los derechos humanos en Colombia. Esperamos que para bien del país y del gobierno del presidente Duque, el informe de la referencia dé un parte de tranquilidad al mundo entero, en donde la actuación de la Policía y del Ejército Nacional queden en limpio para borrar el estigma que, como dolorosa cruz, hoy cargan nuestras caras instituciones.
Alberto Zuluaga Trujillo. alzutru45@hotmail.com
