En Quibdó, Chocó, el pasado sábado 14 de diciembre, Petro tenía prevista una condecoración a la Corte Suprema de Justicia en reconocimiento al trabajo de esa alta Corte y en especial por la investigación de la “parapolítica” y por la “persecución que sufrieron sus magistrados”. La condecoración, Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, fue ordenada por el Presidente en el mes de octubre haciéndolo público en un texto mal redactado como todos los suyos, en su cuenta de X: “Del poder judicial salió una resistencia. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso de la gobernanza paramilitar que se paró para destruirla, porque sabía contraria a la Constitución. Y fue perseguida esa Corte por lo que hizo. He pedido que les coloquen la Cruz de Boyacá”. Pues la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no aceptarla, bajo el argumento de “preservar los principios de autonomía e independencia judicial”. Y no era para menos. A lo largo de este Gobierno, las altas Cortes han sido blanco de críticas por parte del Ejecutivo, luego de las diferentes decisiones que han proferido afectando los intereses gubernamentales. Más aun, a instancias del Presidente el Palacio de Justicia, sede de los altos tribunales, fue asediado y amenazado el pasado 8 de febrero exigiendo a la Corte Suprema celeridad en la elección de la Fiscal General de la Nación, después de que la Sala Plena anunciara que ninguna de las ternadas por el presidente Petro alcanzaba los votos necesarios para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes del edificio e impidiendo el derecho a la libertad de locomoción de los magistrados, situación que puso en riesgo la democracia misma. La rama judicial no puede ser avasallada, intimidada, hostigada, ni tampoco seducida. En la mente de quien nos gobierna, jamás el reconocimiento tuvo cabida. En su protervo proceder, acarició la idea de comprarla a través de la Cruz de Boyacá, por demás tan desprestigiada como su propio Gobierno. Bien dice el aforismo popular que el ladrón juzga por su condición. Después de afirmar: “poco entiendo por qué los hombres negros pueden ser conservadores”, refiriéndose al primer presidente afrodescendiente de la Corte a la cual pretendía condecorar; no tenía presentación ninguna la envenenada Cruz. Con el rechazo, Petro insiste en condecorarla, haciendo expedir un decreto a la ministra de Justicia otorgándoles a todas las Cortes la condecoración “José Antonio de Márquez al Mérito Judicial”. Tanto el rechazo a la condecoración como la posesión del magistrado José Joaquín Urbano Martínez ante el presidente del alto tribunal en presencia de la Sala Plena y no ante el Presidente de la República, son elocuentes mensajes de reivindicación del respeto, la independencia y la autonomía del poder judicial. Esta posesión, la primera en darse ante el tribunal en pleno, fue posible ante la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional que avaló la constitucionalidad de la modificación de la ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), que contempló la posibilidad de que la posesión de los magistrados se pudiera hacer en otras instancias que no fuera ante el Presidente de la República. En adelante, los magistrados electos podrán elegir ante quien posesionarse, o ante el Presidente de la República que sigue estando en la ley, o ante la Sala Plena. A nuestro juicio, debieran seguir haciéndolo ante la Corte misma para mantener la independencia total y absoluta y eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo piense, como hoy sucede, que por tomar posesión ante él los distintos magistrados de las altas Cortes, ellas están sometidas a su arbitrio.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com