El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener una mejor calidad de vida acorde con la dignidad humana. El Estado debe proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, con el fin de lograr bienestar individual y la integración de la comunidad, así lo expresa nuestra Constitución.
Antes de la ley 100 existían en Colombia unas secretarías seccionales públicas, controladas por el gobierno y los políticos, un sistema ineficiente y corrupto. Los estratos ricos no tenían problema porque su salud era cubierta por una medicina prepagada; el estrato medio tenía el Seguro Social, los estratos más bajos tenían los hospitales públicos y su cobertura solo era del 20%.
Como ya lo indicara la Constitución del 91 se estableció la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio garantizando el derecho irrenunciable a la seguridad social. En este contexto surge en 1993, con la Ley 100, el Sistema General de la Seguridad Social en Salud, donde se establece una afiliación obligatoria a través de las Entidades Promotoras de Salud, las (EPS), las cuales administrarían los recursos de las cotizaciones, ofertando un paquete de servicios o Plan Obligatorio de Salud, por medio de las (IPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud en la actualidad, regula el servicio público esencial de salud, creando condiciones de acceso en toda la población y en todos los niveles de atención. Sus principios operativos fundamentales son: la equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad.
Son muchos que de forma a priori, critican la Ley 100, sin un verdadero conocimiento sobre los beneficios que ha ofrecido a la salud en Colombia. La Ley 100, crea unos subsistemas: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios, con un atenuante fundamental que los primeros beneficiados, sean los más pobres, hoy es el caso del Sisbén, cuya tarea es clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingreso, y por medio de esta clasificación, e garantice que los recursos sen asignados a quienes más lo necesiten. Se empezó a aportar a partir de la nómina, y se inició el régimen subsidiado.
Esta ley tuvo como finalidad acabar con el monopolio total del Estado en salud, que es uno de los temas de la nueva reforma, donde se propone que los recursos públicos nuevamente sean administrados por el Estado y no por las EPS como ocurre actualmente.
El gran cuestionamiento, radica en que el Estado se convierta en el único pagador del Sistema de salud, volviendo al sistema cómo funcionaba hasta los años 90, con antecedentes que no son los mejores; un Seguro Social, que se convirtió en el “gigante de la burocracia”, que no resolvió las necesidades sanitarias, al tener problemas de suministro, operatividad e inestabilidad financiera. Los usuarios pasarían de ser atendidos por las EPS, reconociendo que hay que mejorarlas, a una empresa híbrida, sobre la que no existe certeza si tendrá suficiente capacidad de respuesta.
La ley 100, creó lo que se llama el “Sistema Solidario”, que subsidia mediante los pagos de personas con mayores ingresos el servicio de salud de personas con menores ingresos; existe el temor en los expertos que, con la nueva propuesta, este sistema desaparezca. Gracias a la ley 100, se mejoró el aplazamiento de citas y mejoró el sistema pensional, se implementó la libertad de afiliación, salud preventiva, de tratamiento y rehabilitación, y lo más importante la cobertura subió al 97%, una de las mejores en América Latina y el mundo.
La nueva reforma pretende una atención universal en todo el territorio nacional, con la creación de 2.500 Centros de Atención Primaria (CAP), seguramente esto aumentaría la cobertura del sistema en zonas alejadas, la gran falencia sería el presupuesto, todo un impacto para las finanzas de la nación, como lo expuso en su momento el ministro Ocampo: “el precio de la reforma podría costar hasta dos veces el valor de la reforma tributaria, aumentando el presupuesto de atención primaria”.
La ley 100 en el papel es muy buena, pero debemos recordar que es manejada por seres humanos; creemos que deben reformarse algunas cosas, una mejor regulación y control de las (EPS) y las (IPS) pero no cambiarlas totalmente. La ley 100 tiene algunas dificultades como la espera para acceder a especialistas, pero la reforma actual que se propuso en el Congreso y está para revisión, no ataca ni siguiera el problema de fondo.
El gran peligro de cualquier reforma es cuál es su verdadera intención, en este caso será: ¿garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a recibir una mejor calidad de vida, respondiendo a una mejor cobertura que no menoscabe su salud? o ¿la presencia de un Estado que no solo interviene, sino que despoja, al ciudadano, de lo que legítimamente le pertenece y de sus mínimos derechos, con el atenuante de poseer una fuerte ineficiencia administrativa, con una gran decidía estatal y con grandes índices de corrupción?
El exministro de educación Alejandro Gaviria, en su libro “La explosión controlada”, quien, según él, cuenta que el evento que quebró la unidad nacional del gobierno fue la reforma a la salud. Expresa que desde un comienzo el gabinete estaba dividido frente a la reforma, y al mismo tiempo el presidente no tomaba posición, no dejaba claro si apoyaba o no la reforma; incluso, en algún momento dijo que algunas EPS, debían seguir operando, algo contrario a lo que afirmó en campaña. Y acuña una expresión Gaviria: “las utopías regresivas”, propuestas soñadas que, en la miopía de hacerlas, de forma extremadamente simples, tienen peores resultados. La reforma a la salud, considera el exministro, sería una utopía regresiva, pero no la única.
Padre Pacho
