La fajada de Fajardo

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Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO

Conocido el anuncio de la Fiscalía de imputar cargos a Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda suscrito en el 2013 entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A., la  audiencia deberá llevarse a cabo ante un Juez Penal Municipal con Función de  Control de Garantías de Bogotá, en el Complejo Judicial de Paloquemao.  Durante la misma, una vez intervengan la Procuraduría si lo desea y la defensa, Fajardo deberá decidir si se acoge o no a los cargos imputados, defensa que hará en libertad, pues la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento. La audiencia de imputación de cargos es una diligencia judicial en el proceso penal que está llamada a desaparecer  pues, según la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP-16913-2016, dijo: ”se ha vuelto práctica común de algunos fiscales que sin abrigar una teoría del caso, deciden en la imputación y la acusación hacer una relación de medios probatorios, en ocasiones contradictorios, a la espera de que allí sean las demás partes las que extraigan su particular concepción de lo que quiere atribuirse”. Si bien Fajardo firmó el contrato y un pagaré que garantizaba el empréstito por el que se desembolsaron 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos, considera la Fiscalía que con su firma se configuró un detrimento fiscal por el valor del dólar en 2013 el cual estaba en 1926 pesos, superando en 2015 los 3.140 pesos elevando la deuda a 320 mil millones de pesos.  Las reacciones desde distintos sectores no se han hecho esperar. Voceros de Fedesarrollo manifestaron que “es muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver delito los movimientos imprevisibles del precio del dólar”. Los estamentos políticos en una especie de solidaridad de cuerpo no han dudado en señalarlo como una clara persecución política. Los miembros de la Coalición de la Esperanza, a la que Fajardo pertenece, la señalan de sesgada y absurda. Consideramos nosotros que, una decisión de tan decisiva incidencia en las arcas gubernamentales, debió al menos conllevar, no solo la autorización expresa de la Duma Departamental, sino que su firma debió  sustentarse con un profundo estudio técnico y financiero que justificara el empréstito en moneda extranjera. Todo lo demás que se quiera argumentar para descalificar la actuación de la Fiscalía, corresponde a ese oscuro mundo de la politiquería reinante que quiere cubrir con un manto de insospechable cuestionamiento, todo lo actuado por una clase política que, como la nuestra, no da puntadas sin dedal, buscando a hurtadillas o a ojos abiertos, el beneficio personal.  Pero esta investigación no es la única que enreda su futuro judicial y político. En junio de 2020 la Fiscalía compulsó copias para que Fajardo fuera investigado por el mismo contrato que hoy tiene en casa por cárcel a su coterráneo, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por la firma del contrato de la Troncal de la Paz. Igualmente, es investigado por la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango, imputándole cargos fiscales por acción y omisión, pues dada su altísima responsabilidad, no asistió a ninguna de las sesiones de la Junta Directiva,  pese a ser informado de los graves problemas que allí se afrontaban. De de sus gaseosas propuestas esto es lo más claro que tiene el emproblemado precandidato presidencial.

Alberto Zuluaga Trujillo

alzutru45@hotmail.com 

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