La inconstitucionalidad del Decreto 797 de 2020

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Por AURA MARLENE RIOS

El Decreto Legislativo 797 de 2020, “por medio del cual se adoptaron medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales”; fue expedido en desarrollo del Decreto 637 de 2020, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico, generado por la propagación de la pandemia Mundial Covid-19.

Al ser un cuerpo normativo que requiere control posterior de constitucionalidad; con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991, así como en la Ley 137 de 1994 – Estatutaria de los Estados de Excepción-; la jurisprudencia constitucional ha establecido unos parámetros para la revisión material de este tipo de Decretos.

Consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional, al momento de ejercer el control de constitucionalidad, debe analizar unas condiciones generales y específicas que, al final del ejercicio intelectual, determinan el ajuste o no a la Carta Política, de las normas objeto de estudio.

Así las cosas, el máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, declaró la inexequibilid del mencionado Decreto, por mayoría simple de cinco votos contra cuatro; al considerar que ese compendio normativo incumple una condición general, denominada, “juicio de no contradicción específico”, consistente en  (Verifica que i) la medida adoptada en el Decreto, no vaya en contravía de las prohibiciones constitucionales y de derechos humanos predicables en los Estados de Excepción; ii). La finalidad debe ser conjurar la crisis e impedir el progreso de sus efectos; iii). No afectar la competencia en cabeza del Legislativo; y iv). No desmejorar los derechos sociales de trabajadores). Ello, porque en su sentir, se lesionó la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, las cuales, exclusivamente pueden afectarse frente a circunstancias objetivas de asimetría, que requieran la necesaria intervención del legislador para conjurarla.  

Asimismo, adujo que, no cumple la condición específica, intitulada, “Necesidad y Subsidiariedad”; encargada de (Evalúa la utilidad de la medida adoptada, así como la existencia o no de medios ordinarios para conjurarla). Lo anterior, puesto que las codificaciones Civil y Mercantil contaban con instituciones jurídicas propias para resolver situaciones imprevisibles en desarrollo de la voluntad contractual.

Pese a la respetable decisión del Cuerpo Colegiado, en mi sentir, no le asiste suficiente poder persuasivo a la mayoría de la Sala Plena, por dos potísimas razones, veamos:

Como primera medida, si bien se acepta que la medida adoptada en el Decreto Legislativo, modifica la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad contractual; principios ligados a derechos fundamentales de orden superior (personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad); no es menos cierto que los mismos no poseen el carácter de absolutos, y, por mandato Constitucional, la iniciativa privada halla barreras en el bien común. Ha sido la misma jurisprudencia Constitucional al expresar que la voluntad privada puede limitarse por razones de interés público o social, y como baluarte a la primacía del derecho a la dignidad humana.

En este orden de ideas, el presente Decretó logró eliminar la arbitrariedad que pudiese surgir de parte del Arrendador, para lograr el cobro de las obligaciones del Arrendatario, asolado e inerme frente al cierre de locales comerciales, y sin generar ninguna clase de ingresos

En segunda medida, considerar que, entre otras, las teorías de la imprevisión (art. 868 C. Comercio) edifican una institución jurídica capaz de responder con solvencia y eficacia ante las precarias condiciones de los Arrendatarios, para realizar el pago de cánones, sin hallarse con su negocio en marcha; es un dislate de dimensiones mayúsculas

En tanto que el Arrendatario afectado promueve la acción de Revisión contractual ante la Judicatura, ya se le habrán causado cánones de arrendamiento adicionales por pagar, sin tener fuente de ingreso -reiteramos-. El ejercicio de esta acción ordinaria es un atrio de burlesco, máxime con una administración de justicia tan morosa y congestionada.

Este Decreto Legislativo, adoptó una verdadera acción extraordinaria, célere y eficaz, para conjurar el desequilibrio contractual sufrido por los Arrendatarios comerciales; conjurando la situación en su contra, presupuestos que jamás serán logrados por as acciones de curso ordinario.  

Aunque la filosofía de los controles constitucionales no se oriente al estudio de la eficacia material de la norma objeto de modificación por un Decreto Legislativo, si debe tener presente que, con dicha maniobra se accede al cumplimiento de los fines del Estado. Por ende, el ejerció de ponderación entre la eficacia de la norma originaria, y la creada vía Decreto Legislativo, deben obtener prevalencia para efectos de materializar justicia.

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