(Sólo llantas y neumáticos)
Este 31 de diciembre finalizaron los períodos de gobierno de mandatarios y miembros de corporaciones públicas regionales y locales. Se inician los gobiernos de los designados en las pasadas elecciones. Un gran sector de la ciudadanía sabe de antemano que las promesas electorales hechas en campaña por los nuevos gobernantes quedarán en otras mentiras más, pues no existe la más mínima intención de cumplir con estas. Resultado de que nuestro modelo electoral está basado en el clientelismo y la compra del sufragio, actividad que requiere el apoyo y financiación del crimen organizado, y por consiguiente, el poder obtenido, se pone al servicio de los financiadores de nuestras costosas campañas.
Para el caso de Pereira concluyeron 8 años del poder local del partido Liberal en cabeza del hoy senador Juan Pablo Gallo y su amanuense Carlos A. Maya. Fueron dos períodos donde estos mandatarios disfrutaron del apoyo total del Concejo Municipal, de la Contraloría, la Personería y la protección por parte de la justicia. A pesar del uso abusivo del poder por parte del alcalde Maya, todos sus funcionarios y contratistas, el mismo mecanismo utilizado por Gallo para elegirlo como su sucesor, el liberalismo y sus partidos cómplices, fueron derrotados por el hoy alcalde Mauricio Salazar, y las mismas fuerzas políticas que en el pasado acompañaron 12 años de poder absoluto ejercido por la vieja Casa de la Democracia en cabeza del desaparecido dirigente Carlos Enrique Soto.
Del resultado de las pasadas elecciones, puede concluirse que la ciudadanía viene cansándose más rápido de sus dirigentes políticos. A pesar del poder desplegado por el liberalismo en estos 8 años, fue incapaz de conservar la alcaldía. Los pereiranos castigaron su pésima y corrompida obra de gobierno. Seguimos asistiendo a observar atónitos el cómo los altos funcionarios elegidos en cada período, culminan sus mandatos de gobierno inmensamente ricos, sin que rindan cuentas del origen de sus fortunas y de sus pésimas y desacertadas decisiones administrativas. El poder político en Colombia subordina al poder judicial en la mayoría de los casos. La justicia protege a los que ejercen el poder, sin importar su “modus operandi”. Risaralda no es la excepción.
Son muchas las denuncias interpuestas desde muchos años atrás en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por gravísimos y evidentes daños contra el patrimonio público. Los resultados que esperamos no se ven, impera la impunidad. Solo se investigan los malos manejos de la caja menor y la desaparición de llantas y neumáticos. Solo basta con mirar el estado de las denuncias radicadas en los gobiernos de Gallo y Maya, duermen el sueño de los justos en los despachos judiciales. Sumado a lo anterior, que la ausencia de información pronta, adecuada, y transparente obstaculiza una buena gestión del control ciudadano.
La ciudad aumentó de manera importante los ingresos del presupuesto municipal. En el año 2016, primer año de gobierno de Gallo, los ingresos en esa vigencia ascendieron a $433.800 millones de pesos y a 31 de diciembre de 2023, último año de gobierno de Maya, los ingresos estarán cercanos a 1 billón 225.000 millones de pesos. Un aumento en estos 8 años del 190%. En igual o mayor proporción han aumentado el costo de los servicios públicos domiciliarios, sin que la administración haga algo para mitigarlos, por el contrario, protege y tolera estos atropellos contra la ciudadanía.
Debemos ser conscientes que mientras la justicia y los organismos de vigilancia y control no actúen de manera imparcial y dejen a un lado la pasividad mostrada hasta el presente, todo con el perverso propósito de no meterse en problemas, nuestras instituciones seguirán infiltradas y en manos de la corrupción. Nada cambiará mientras siga imperando la mentira, la hipocresía y la conveniencia como norma de gobierno.
Debemos estar preparados para lo peor.
Cuándo será que en Pereira la gente votará como ciudadano libre?. Una alcaldía con cinco mil contratistas haciendo campaña política por un candidato no es ddmocracia. Este pueblo le mucho para ser cívico.
Nuevamente, el ingeniero Crosthwaite poniendo el dedo en la llaga sin que el lacerado cuerpo de Pereira de muestras de dolor ni lo perciba siquiera. Nos hemos acostumbrado al manoseo constante de las instalaciones públicas, al grado de pensar que lo importante – en el caso específico de Pereira -, era derrotar a JP Gallo y la bandola que se había tomado como propias las entidades de la ciudad, sin detenernos a analizar que lo único que se «botó» fue el mueble de la infidelidad, pero se seguirá ejecutando el engaño a sus gentes. Se cambió de alcalde, más sin embargo, las esperanzas de haber dado un paso en la dirección correcta dejan demasiadas dudas.
Mientras los entes de fiscalización y justicia protejan a estás ratas de alcantarilla aquí no pasa nada.
Cada vez tenemos uno más peor del q sale y así sicesivamente
¿A cuánto asciende el patrimonio declarado más el escondido de Carlos Alberto Maya?
Un petulante personajillo egresado de un colegio público y procedente de una familia estrato 2 1/2 que vivía en la calle 25 con once y quien sólo ha trabajado como funcionario público?
Igual interrogante debe hacerse sobre Mauricio Salazar y su esposa María Irma Noreña.
Con toda razón el lema de la administración de Israelito Londoño fue: «Pereira, región de oportunistas».